Cantabria ha registrado entre los meses de enero y julio un total de 23 procedimientos judiciales iniciados este año por okupaciones ilegales de viviendas, lo que supone una tasa de 1,4 por cada 100.000 habitantes, ligeramente por debajo de la cifra nacional del 1,6.
Según datos del Ministerio de Interior de los que se ha hecho eco este miércoles la consejera de Políticas Sociales de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), los siete primeros meses del año hubo en total 49 denuncias por entradas a inmuebles en la Comunidad, pero estos datos, procedentes de las denuncias ante la Guardia Civil y la Policía Nacional, no distinguen entre usurpaciones o allanamientos de morada --los primeros son los que se producen en viviendas vacías o entidades como bancos-- y en el caso de los allanamientos tampoco discriminan si son para quedarse en la vivienda o para robar.
Por ello, según la consejera "no podemos decir que esos datos son okupaciones porque no es cierto", de modo que las 'okupaciones' oficiales serían esos 23 casos que han llegado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Así, a juicio de la socialista, la okupación ilegal de viviendas "es un problema" en la Comunidad porque "puede llegar a perturbar la convivencia" en las zonas y comunidades de vecinos afectadas, pero "no es una alarma social" porque "la incidencia es muy baja, afortunadamente", teniendo en cuenta que existen en total 367.356 viviendas.
Así lo ha dicho la titular de Políticas Sociales, de la que depende la Dirección General de Vivienda, en una comisión de su área celebrada este miércoles en el Parlamento regional para dar respuesta a varias preguntas sobre los datos de okupación formuladas por el diputado del PP Iñigo Fernández, que ha lamentado que
En respuesta a las preguntas del 'popular', la consejera ha detallado que, según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad de la Secretaria de Estado de Seguridad, en 2018 hubo 93 denuncias por ocupaciones de inmuebles--sin distinguir entre usurpaciones y allanamientos--; 85 en 2019; 52 en 2020; y 101 en 2021, a los que se suman las 49 en lo que va del 2022.
De esas denuncias, los procedimientos que se abrieron en los juzgados por okupas se rebajan a 34 en 2019, 43 en 2020 y 43 en 2021, más los 23 hasta julio de 2022 --de 2018 no existe el dato--.
De las viviendas okupadas en 2022, algunas son propiedad del Gobierno de Cantabria, en concreto de la empresa pública Gesvican. Se trata de un inmueble en Santander, una vivienda y un cuarto de bicicletas en Torrelavega, así como otras cuatro en Argoños, que son viviendas con sentencias de derribo, todas ellas con la denuncia ya cursada, según la consejera.
PROBLEMA DE ACCESO A LA VIVIENDA
Para Gómez de Diego, el verdadero problema que existe "en Europa, en España y en Cantabria" es el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes, determinadas etnias y familias que tienen que destinar a ella una parte de sus ingresos superior a lo recomendable, que es un 30%.
Además, el "foco" del problema de las okupaciones se da en viviendas que están deshabitadas y que suelen ser de "grandes tenedores", como la Sareb, ha explicado, añadiendo que el Gobierno regional ya ha pedido a esta entidad que acondicione y rehabilite sus inmuebles y los comercialice.
Asimismo, y dentro del objetivo del Ejecutivo de seguir ampliando el parque de viviendas --ha comprado este año cinco más en Camargo, Santander y Torrelavega y está tramitando la adquisición de otras tres en Piélagos-- también ha llegado a acuerdos con la Sareb para la cesión y la compra de viviendas, y está trabajando en la misma línea con otros tenedores.
Así, la consejera ha rechazado que la oposición lance mensajes que "generan alarma e inseguridad" en torno a los ocupas, porque eso genera un efecto negativo y el mercado "se contrae". "Es muy fácil hacer demagogia", pero plantear medidas que sean efectivas "requiere un esfuerzo", ha respondido a las críticas del diputado del PP.
PROBLEMA "GRAVE"
Y es que, a diferencia de Gómez de Diego, Fernández ha opinado que los datos de denuncias sí que reflejan un "problema grave", pues suponen más de 280 en o que va de legislatura, y está seguro de que habrá "muchas más" sin denunciar.
En este sentido, ha alertado de que algunos afectados optan por procedimientos "al margen de la legalidad" --como hacer presión vecinal o contratar a empresas que se dedican a los desalojos de okupas-- y es "peligrosísimo".
Además, el 'popular' ha señalado que, si hasta julio había 49 denuncias, el 2022 terminará con en torno a un centenar, lo que demuestra que "el problema no se soluciona" teniendo en cuenta que en 2021 fueron 101.
Y tras señalar que el PRC, socio del PSOE en el Gobierno cántabro, llevará al próximo Pleno del Parlamento una iniciativa contra la okupación, el diputado le ha dicho a la consejera que "todos creemos que hay un problema menos usted", que es quien está a cargo del área de Vivienda y quien tendría que proponer "todo tipo de soluciones".
A pesar de ello, ha reconocido que sería necesaria una modernización de la ley y un cambio en el Código Penal que no depende del Gobierno de Cantabria, por lo que ha concluido que la solución "pasa por cambiar la visión del Gobierno de España" y "por cambiar al Gobierno de España", ya que cree que si éste no actúa es consecuencia de haber hecho pactos para gobernar con "otras formaciones más radicales".
