El Gobierno de Cantabria (PP) pedirá al Ejecutivo central la puesta en marcha de una batería de medidas de apoyo al sector de los autónomos con el fin de fomentar su emprendimiento y el mantenimiento de sus proyectos, así como impulsar la inversión, la innovación y la formación en el sector.
Y es que "el Gobierno de Cantabria no puede actuar en solitario en defensa de los 41.000 trabajadores autónomos que existe en la región. Necesitamos que el Gobierno de España haga su parte y ejerza su responsabilidad", ha afirmado el consejero de Industria, Eduardo Arasti, quien ha mantenido este lunes un encuentro con las asociaciones de autónomos en la región --ATA, TAEC y UTAC--.
En el encuentro, les ha trasladado las medidas que propone su departamento, y que se reclamarán a través de una proposición no de Ley en el Parlamento de Cantabria.
Una de las peticiones es el establecimiento del IVA franquiciado para que autónomos y pequeñas empresas no cobren el IVA en sus facturas ni presentarlo a Hacienda, en el caso de facturar por debajo de 85.000 euros.
En este sentido, el consejero ha recordado que la Comisión Europea ha llevado a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por ser "el único país comunitario que no lo ha aplicado", teniendo en cuenta que la UE fijó su entrada en vigor para el 1 de enero de 2025.
Además, solicita que los autónomos en situación de Incapacidad Temporal (IT) no paguen su cuota a la Seguridad Social durante los primeros 60 días de baja, con la finalidad de evitar que un autónomo enfermo tengan que seguir pagando un gasto fijo; equiparar su protección a la de lo asalariados; reducir el riesgo de que los autónomos sigan trabajando enfermos para no perder ingresos, y evitar situaciones de vulnerabilidad económica en bajas cortas o medias.
En este sentido, Arasti ha recordado que el Gobierno de Cantabria ya está elaborando el decreto que permita cubrir esas cuotas porque "creemos que es justo que todos los trabajadores autónomos de España dispongan de esta medida".
De igual modo, exige una reducción de las declaraciones fiscales del autónomo para dar respuesta a "una de las principales reivindicaciones" de este colectivo, consistente en reducir sus declaraciones de cuatro trimestrales a solo dos anuales, incluso a una.
La última de las medidas que plantea el Ejecutivo cántabro es dotar de mayor seguridad jurídica al colectivo en la definición de los gastos a deducir en su tributación, ya que, ha señalado, un informe del Consejo para la Defensa del Contribuyente, dependiente del Ministerio de Hacienda, reconoce que "se está dificultando a los autónomos deducir gastos esenciales para llevar a cabo su actividad".
Según ha explicado Arasti, aunque la Ley permite desgravar gastos tales como el uso del vehículo para la actividad profesional, la utilización del móvil o los suministros domésticos, "hay mucha dificultad en la práctica para acreditar su relación con el negocio".
Y ha lamentado que estas "dificultades" también afectan a las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos, ya que las cuotas que pagan se calculan sobre los rendimientos netos.
Por ello, el Gobierno de Cantabria pide a Hacienda que precise cuáles son los gastos que los autónomos pueden realmente deducirse o el porcentaje correspondiente, para que sean automáticos.
"En definitiva, que haya criterios claros, homogéneos y automáticos para evitar que Hacienda rechace gastos que son necesarios para su actividad", ha defendido Arasti.
PLAN DE APOYO AL EMPLEO AUTÓNOMO
Al hilo, ha puesto en valor el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria puesto en marcha esta legislatura y que en 2026 alcanzará las 100 medidas después de que en 2025 se realizó un esfuerzo presupuestario "sin precedentes" que alcanzó los 43 millones de euros anuales en ayudas.
Un "ambicioso" documento con el que el Gobierno de Cantabria ha logrado "poner fin" a "la continua caída de autónomos de las dos legislaturas anteriores", ha matizado el consejero, señalando que entre 2015 y 2018 se perdieron más de 800 autónomos en la región, es decir, "más de 100 autónomos por año durante 8 años".
A su juicio, el plan se trata de un documento "vivo y en permanente revisión" consecuencia del "trabajo conjunto que el Gobierno regional está llevando a cabo con las asociaciones de autónomos de la comunidad".
Entre sus medidas, destaca las destinadas a la etapa de mantenimiento del proyecto, que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
