Cantabria recibirá casi 5 millones del Plan MOVES III para ayudas directas a la movilidad sostenible

Cantabria recibirá casi cinco millones de euros de la tercera edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES III), cuyo presupuesto cuenta con una dotación mínima de 400 millones de euros ampliables, al menos, a 800 millones.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado este martes el Real Decreto que regula las bases de la tercera edición de dicho programa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que financiará con ayudas directas la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y la instalación de infraestructuras de recarga, ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria en nota de prensa.

El programa, presentado el pasado viernes por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y elaborado con la participación de las comunidades autónomas y el sector, está dotado con los fondos Next Generation y constituye la primera línea de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de movilidad sostenible.

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El Plan MOVES III estará coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) y gestionado por las comunidades autónomas, que deberán realizar las convocatorias correspondientes en sus territorios.

El criterio de reparto del presupuesto inicial (400 millones de euros) se ha consensuado con la Conferencia Sectorial de Energía, el órgano de coordinación entre el MITECO y las administraciones autonómicas en esta materia, y está basado en el padrón de habitantes, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha del 1 de enero de 2020.

Esta nueva edición aumenta las ayudas directas para particulares y autónomos y financiará con hasta 9.000 euros la compra de furgonetas, con hasta 7.000 euros la adquisición de turismos y con hasta 1.300 euros la compra de motocicletas si el usuario achatarra un vehículo de más de 7 años de antigüedad con el objetivo de acelerar la renovación de la flota y la sustitución de vehículos antiguos y contaminantes. En caso de que no se achatarre un vehículo antiguo, las ayudas podrán alcanzar los 4.500 euros para los turismos.

Por su parte, las ayudas para empresas otorgarán una mayor cuantía a las pymes y también fomentarán el achatarramiento, llegando a repartir cuantías de hasta 4.000 euros por la compra de un turismo eléctrico y hasta 5.000 por la adquisición de una furgoneta.

El achatarramiento de vehículos antiguos no solo es importante para reducir emisiones y mejorar la seguridad vial, sino también porque permite reforzar cadenas de valor en sectores como el aluminio, el acero, el cobre, ciertos metales preciosos, los plásticos, las gomas o los cauchos, contribuyendo a la economía circular.

MOVES III establece la obligación de que las infraestructuras de recarga de acceso público, apoyadas por el programa, garanticen su operatividad durante, al menos, cinco años y de que permitan la recarga puntual a los usuarios de vehículos eléctricos sin necesidad de que medie contrato con el operador del punto de recarga.

Para autónomos, particulares, comunidades de propietarios y entidades locales que no desarrollen actividad empresarial las ayudas cubrirán el 70 por ciento del coste de la instalación de infraestructuras de recarga o de las actuaciones de preinstalación en comunidades de propietarios siempre que no se superen los límites establecidos, fijados en 800.000 euros, salvo para autónomos, que tendrán el límite por solicitante de 200.000 euros de ayudas en tres años fiscales, y para particulares, que podrán beneficiarse de una ayuda de hasta 5.000 euros por expediente.

De este modo, los taxistas y conductores VTC, los particulares empadronados en un municipio de menos de 5.000 habitantes y las personas con discapacidad y movilidad reducida que compren un vehículo eléctrico con pila de combustible y achatarren uno de más de 7 años de antigüedad podrán recibir hasta 7.700 euros si se trata de un turismo, que ascenderán a 9.900 para los usuarios que cumplan el segundo o el tercer requisito y compren una furgoneta.

La instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos llevadas a cabo por autónomos, particulares, comunidades de propietarios y entidades locales que no desarrollen actividad empresarial y las actuaciones de preinstalación de recarga en comunidades de propietarios podrán cubrir el 70 por ciento de su coste y recibirán un refuerzo del 10 por ciento adicional si las actuaciones se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes, alcanzando una subvención del 80 por ciento del coste.

En lo que respecta a las grandes empresas, las ayudas serán de un 40 por ciento siempre que la infraestructura de recarga sea de acceso público y potencia igual o superior a 50 kW si las actuaciones están ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, reduciéndose al 35 por ciento en el resto de zonas.

Estas cuantías podrán incrementarse un 10 por ciento para medianas empresas, llegando a subvencionar el 50 por ciento del coste y hasta un 20 por ciento para pequeñas empresas, alcanzando una cobertura del 60 por ciento.

En caso de que se trate de una infraestructura de uso público o privado y potencia inferior a 50 kW las ayudas serán de un 30 por ciento y podrán incrementarse un 10 por ciento si las inversiones se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes, alcanzando una cobertura del 40 por ciento.

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

En esta edición permanece la aplicación de un descuento de al menos 1.000 euros por parte del fabricante, importador o punto de venta para la adquisición de turismos o furgonetas que complementa la ayuda que corresponda a cada usuario.

Particulares y autónomos podrán beneficiarse de las ayudas de la nueva convocatoria en la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga facturados a partir del 10 de abril, incluido, mientras que las empresas deberán esperar a la convocatoria de estas ayudas por parte de las comunidades, que dispondrán de un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto.

MOVES II seguirá vigente hasta el término de las convocatorias de cada comunidad, lo que permitirá que las empresas puedan seguir acogiéndose a este plan y evitar un periodo sin ayudas.