Andalucía, Cataluña y Madrid recibirán casi la mitad de los fondos del 0,7% del IRPF destinados al tramo autonómico, al que este año el Gobierno ha decidido destinar el 85,14% del total de fondos recaudados a través de la casilla de Fines Sociales de la Declaración de la Renta, en detrimento del tramo estatal, al que irá dirigido el 14,86%, un recorte de cuatro puntos con respecto al año anterior, que ha sido criticado por las ONG de acción social. Cantabria recibirá 3,24 millones (494.070 euros más).
Según una nota metodológica de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el reparto final, Andalucía recibirá 52,35 millones de euros (6,75 millones más que en 2019); Cataluña, 32,78 millones de euros (1,26 millones más), y Madrid, 27,6 millones (1,06 millones más). Les siguen en el reparto de estos fondos la Comunidad Valenciana, con 21,34 millones de euros (3,21 millones de euros más); y Castilla y León, con 21,16 millones (813.933 euros más).
A la cola del reparto se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 1,9 millones de euros cada una (unos 630.000 euros más que el año anterior); La Rioja, con 2,47 millones (822.499 euros más); Cantabria, con 3,24 millones (494.070 euros más); y Baleares, con 4,68 millones (655.012 euros más).
La cuantía global destinada en 2020 a actividades de interés general consideradas de interés social recaudados del 0,7% del IRPF, a repartir entre el tramo autonómico y el estatal, asciende a 283,37 millones de euros. Esto supone un 7,16% más que en 2019, cuando esta cifra ascendió a 264,42 millones de euros.
Mientras que en 2019, se destinó el 18,86% de los fondos al tramo estatal y el 81,14% al tramo autonómico, este año la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha decidido reducir en 4 puntos porcentuales el tramo estatal en favor del autonómico.
En términos absolutos, esto supone que las subvenciones que gestionará el Estado se reducirán en 7,76 millones de euros (un 15,57% menos) hasta los 42,1 millones de euros, y que las que gestionan las comunidades autónomas se incrementarán en 26,7 millones de euros (un 12,45% más) hasta los 241,26 millones.
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 28.000 ONG, ha denunciado la decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España pues lo considera "un recorte drástico" a la financiación a las ONG estatales de Acción Social "en un momento de crisis devastadora causada por la pandemia".
Esta reducción, según ha advertido el presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, supone "una pérdida de 14,5 millones de euros, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas que verdaderamente lo necesitan".
EL 50% SE REPARTEN TENIENDO EN CUENTA LA SITUACIÓN DE POBREZA
En cuanto a los criterios que se han tenido en cuenta para el reparto de los fondos, según el documento de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, el 50% se reparten con el criterio de la Tasa AROPE, el indicador que mide el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la población.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la población residente, la población dependiente (menor de 16 años o mayor de 65 inclusive), la dispersión de la población en el territorio, la superficie, el índice de envejecimiento, la tasa de discapacidad, la renta per cápita, el número de familias monoparentales, la tasa de paro o el número de perceptores de rentas mínimas gestionadas por las CCAA.
El reparto se inicia a partir de la cantidad asignada en 2019, y se fija un incremento mínimo. El año pasado ese mínimo fue del 1,2% (la inflación), y este año se asegura una subida mínima del 4% para todas las comunidades (es decir, cinco veces la inflación interanual de 2019), según indica la Secretaría de Estado.
Una vez hecho este reparto inicial, quedarían aún 16,2 millones de euros por repartir, obtenidos mediante la diferencia entre los 241,26 millones del tramo autonómico y los 225 millones que resultan de incrementar el presupuesto en 2019 un 4%.
Además de La Rioja, Ceuta y Melilla, hay otras cuatro comunidades autónomas que ya estarían recibiendo una cantidad superior a la que les correspondería por la aplicación estricta de los criterios anteriores: Aragón, Castilla y León, Cataluña y Madrid, según la Secretaría de Estado.
Por tanto, este segundo reparto se hace únicamente entre aquellas comunidades a las que, aplicando estrictamente los anteriores criterios objetivos, les correspondería un importe mayor. Estas comunidades son: Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura. Galicia y Murcia.
El reparto adicional entre estas comunidades se hace de acuerdo con los porcentajes que les hubiera correspondido de acuerdo con los criterios objetivos, corregidos proporcionalmente al alza para que sumen el 100%, dado que hay 7 comunidades y ciudades autónomas que no participan en este segundo reparto.
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