Cantabria cree que el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV para que los interinos con cinco años de trabajo en la misma plaza puedan convertirse en fijos sin necesidad de opositar supone un "cambio total y absoluto" y un "giro" respecto a la hoja de ruta acordada y por ello quiere una reunión "bilateral" con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
De ello, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), ya ha remitido esta misma mañana una carta a la ministra solicitándole esa reunión, según ella misma ha anunciado durante su comparecencia en comisión parlamentaria para exponer los presupuestos de su consejería para 2022.
"Cantabria necesita tener esa reunión y saber cuál es la seguridad jurídica que va a tener este nuevo proceso si llega a aprobarse", ha afirmado Fernández, que ha señalado que ese cambio negociado por PSOE y Unidas POdemos con ERC y PNV en la negociación de la ley de estabilización de la función pública aún no está aprobado.
Cantabria solicita también esta reunión bilateral dado que, como ha resaltado la consejera, no ha habido una sectorial entre el Ministerio y las comunidades en relación a estos cambios.
La consejera ha destacado el "giro" que supone respecto a las instrucciones acordadas con el Ministerio y los sindicatos, una "hoja de ruta" que Cantabria, igual que otras comunidades, está cumpliendo y "haciendo los deberes" marcados.
En la comisión, los diputados de PP y Cs también han realizado algunos comentarios sobre este acuerdo.
Los 'populares' han pedido a la consejera que se pronuncie si Cantabria está de acuerdo o no con esa medida y si el PRC lo va a apoyar en el Congreso.
Además, le ha preguntado por cómo va a afectar a las previsiones del Gobierno de Cantabria respecto a lo ha anunciado en relación a su oferta de empleo pública de 2020, 2021 y 2022 y también cuantos interinos están en esa situación dentro de la Administración General de la comunidad autónoma.
Por su parte, desde Cs se considera que la medida "da cierto vértigo" y se advierte que ya se está cuestionando su constitucionalidad.
