domingo. 04.12.2022

El Gobierno de Cantabria espera que el acuerdo entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y las comunidades autónomas sobre la reforma para reducir la temporalidad en la Administración Pública pueda cerrarse en la sectorial prevista para el jueves, 1 de julio, aunque señala que "no hay nada definitivo" y sí "muchas preguntas" y "flecos por cerrar".

Así lo ha indicado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), a preguntas del PP en el Pleno, en el que, aunque ha reconocido que es un tema "muy complicado y espinoso", también considera que el Ministerio que dirige el socialista Miquel Iceta "no ha estado muy acertado en la forma de trabajarlo con las comunidades autónomas". "Vamos tarde y tenemos que cumplir los plazos de Bruselas", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que hoy mismo desde el Ministerio se ha remitido a la comunidad un nuevo borrador de la reforma.

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Fernández ha señalado que se trata de un acuerdo "de carácter básico" que ha de servir desde Cantabria "para reforzar los servicios públicos desde una adecuada planificación de recursos humanos y profesionalización de un nuevo modelo de empleo público".

También, los 'populares' han cuestionado a la consejera por el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que declaraba contraria a Derecho comunitario la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado, tras lo que el Tribunal Supremo haya rectificado su doctrina y haya determinado que los interinos sean indefinidos no fijos tras tres años.

Concretamente, el PP ha preguntado a Fernández si se encuentran en fraude de ley el personal funcionario interino y el laboral indefinido no fijo o temporal cuyo nombramiento o contrato supere los tres años.

En este sentido, la consejera ha indicado que desde el Gobierno regional se entiende que no se producen situaciones de interinos en fraude de ley dado que la Administración de Cantabria "está poniendo todos los medios necesarios para cubrir esos puestos de trabajo a través de la convocatoria de concursos de méritos y de la convocatoria de la Oferta de Empleo Público (OEP).

Por todo ello, sostiene que no se puede hablar de una existencia de abuso de la interinidad o de fraude de ley.

"La duración de la interinidad no determina por sí misma la existencia de fraude de ley ya que dicha duración puede responder a diversas causas o circunstancias y se puede justificar en causas objetivas, siendo esta actuación conforme al acuerdo marco de la Unión Europea", ha afirmado Fernández, quien ha señalado que el Ejecutivo regional "no tiene intención de retirar ninguna de las plazas convocadas en la OPE".

La consejera ha reivindicado que el Gobierno de Cantabria, pese a la pandemia, ha iniciado una ejecución de procesos selectivos y de una Oferta de Empleo Público "histórica" pese a las "muchas dificultades".

Según ha ya se han finalizado 52 procesos de personal funcionario y los 6 restantes no iniciados por el volumen de aspirantes ya están convocados para octubre.

En cuanto a personal laboral, ha indicado que de 21 procesos previstos ya se han desarrollado 12 y los nueve restantes se celebrarán en octubre.

La consejera ha señalado que una vez ejecutada la OPE de turno libre, si se cubren la totalidad de plazas pendientes de ejecución, la interinidad en el Gobierno de Cantabria estará en el 8,36% y ello encontrándose pendiente la de 2020.

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

Por otra parte, el PP ha interpelado en el Pleno al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), por el Fondo de Mejoras de los Montes de Utilidad Pública de Cantabria.

Blanco ha negado que el Gobierno regional esté "bloqueando" el denominado Fondo de Mejoras de los Montes de Utilidad Pública de Cantabria, como asegura el PP, y espera que el nuevo decreto que lo regulará pueda ser aprobado en Consejo de Gobierno y entre en vigor "en el menor plazo de tiempo posible", aunque no ha avanzado fecha porque sería, según ha dicho, "una temeridad".

En estos momentos, hace unos días, se acaba de cerrar un segundo proceso de consulta pública en relación a este decreto y, una vez se estudien las alegaciones presentadas y su posible incorporación, se tramitará el proyecto de decreto para su aprobación por parte del Consejo de Gobierno previo informe de los servicios jurídicos.

Por su parte, el PP ha instado al Gobierno a que "desbloquee" los casi 6 millones de euros de dicho fondo.

A este fondo los titulares de montes catalogados de utilidad pública destinan un importe no inferior al 15% del valor de sus aprovechamientos forestales o de los rendimientos obtenidos por ocupaciones u otras actividades desarrolladas en el monte, cuyo destino será la conservación y mejora de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

El PP ha denunciado que el Gobierno "mantiene paralizado" desde hace más de dos años "dificultando" la inversión directa en gestión forestal y las mejoras en los montes. Así, su diputado Roberto Media ha afirmado que dicho fondo se ha convertido en un "agujero negro" en el que los titulares de los montes de utilidad pública ingresan este porcentaje de los aprovechamientos y el Gobierno lo retiene sin usarlo.

El consejero ha negado que el Gobierno lo esté bloqueando y ha precisado que lo que ha hecho es tramitar un nuevo decreto que sirve para "poner en orden las cosas" y adapta "al siglo XXI" una "norma obsoleta" (data de 1985) y sus normas de gestión a la legislación vigente.

Cantabria espera que el Ministerio y las CCAA cierren el jueves el acuerdo sobre la...
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