Cantabria es la segunda comunidad española con menos personas en el 'limbo de la dependencia' --la situación de quienes están pendientes de recibir la prestación una vez han sido reconocidas con el grado correspondiente-- con un 1,7%, solo por detrás de Aragón; y también la tercera con menos solicitantes a la espera de algún tipo de trámite.
Sin embargo, es una de las ocho autonomías en las que ha aumentado el número de personas en el limbo de la dependencia en 2025, con un 29,9% de incremento --el segundo más elevado--, según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, cuyo presidente, José Manuel Ramírez Navarro, ha comparecido este miércoles en el Congreso.
Según se desprende del documento, Cantabria ha cerrado el mes de octubre con 595 personas en lista de espera de la dependencia, lo que supone un ascenso del 6,4% en lo que va de año.
El estudio también revela que en los diez primeros meses de 2025 fallecieron en Cantabria 104 personas cuando estaban en lista de espera pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA (Programa Individual de Atención).
El tiempo medio de espera desde la solicitud hasta la resolución del expediente en la región fue de 213 días, por debajo de los 350 días de media nacional.
Además, Cantabria es la única comunidad en la que no ha variado el número de personas con derecho a la prestación. Las ayudas por persona se han situado en 1.799 euros.
"URGENCIA SOCIAL" Y "ASUNTO DE ESTADO"
Durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara Baja, Ramírez ha pedido plantear el tema de la dependencia como una "urgencia social y un asunto de Estado".
Aunque ha afirmado que las personas en situación de dependencia "afortunadamente tienen hoy un nivel de atención muy superior al que tenían antes de la publicación de la ley en el 2006", también ha destacado que "todavía, lamentablemente, queda muchísimo camino por recorrer".
En este sentido, ha explicado que el principal problema es que a la ley le falta "implicación "de los poderes públicos para alcanzar "la financiación suficiente para que las personas en situación de dependencia tengan la atención que se pueda considerar básica y digna".
"La ley dice que en 180 días tiene que darse la prestación, no podemos tener más de 350 días, casi un año para dar respuesta a personas que van a fallecer sin tener la prestación o servicio a la que tienen derecho", ha subrayado.
Ramírez ha hecho una serie de recomendaciones, entre las que ha destacado un aumento de al menos en 1.000 millones de euros para dependencia en los próximos Presupuestos Generales del Estado; una reforma "urgente" de las normativas actuales de las residencias; invertir en innovación tecnológica; y promover la figura del asistente personal.
También ha instado a los grupos parlamentarios a aprobar una moción para exigir al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que apruebe un plan de estadísticas de servicios sociales en el marco del Plan Estadístico Nacional "que unifique y dé calidad y rigor y publique toda la información relativa a servicios sociales".
Según se desprende del informe, la asociación denuncia que el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha dejado de cumplir el punto 5 del Pacto de Estado por el Sistema de Atención a la Dependencia referido a la transparencia, "no facilitando datos o manipulándolos para evidenciar la falta de financiación y el compromiso con los objetivos del plan de choque". "Es preciso saber cuántas solicitudes están sin grabar y cuántas revisiones están pendientes", expone.
"Seguiremos recordando que no se debe jugar con la angustia y la expectativa de las personas que necesitan cuidados para sus actividades básicas de la vida diaria, ni con las de sus cuidadores, o mejor dicho, de sus cuidadoras", ha recalcado Ramírez.
ACUERDOS DE LAS CC.AA
Igualmente, se ha referido al Consejo Territorial de la Dependencia y ha señalado que si las comunidades autónomas no llegan a acuerdos "es imposible avanzar en un sistema de atención a dependencia que está generando muchísimo sufrimiento a personas muy vulnerables".
Además, ha solicitado a las autonomías a que sean "mucho más transparentes en la presentación de la fiscalización de sus cuentas. Según ha relatado, algunas ponen en los conceptos gastos que se tendría que valorar si son del sistema de atención a la dependencia o de otros servicios de servicios sociales.
"Y por otra parte también debemos de saber cuánto es el copago que recaudan comunidades autónomas en virtud de esas personas en situación de dependencia que se atienden en residencias o centros que conllevan copago para saber exactamente en qué porcentaje nos movemos", ha apuntado.
Así, Ramírez ha indicado que se conformaría con que el 10% de las medidas de dependencia sean aprobadas por el Congreso de los Diputados, con una inyección de economía, "porque si no serían derechos de papel".
Además, ha trasladado su "preocupación" por la desigualdad territorial y ha añadido que hay tres comunidades autónomas (Canarias, Cataluña y Murcia) que tienen un "problema endémico" del propio desarrollo del sistema. No obstante, ha admitido que "si no hay dinero, es normal que se produzcan" estas desigualdades.
"Para realizar todas estas prestaciones y servicios, y hablar del sistema de dependencia y del servicio social, hay que promover y respetar los derechos humanos, y que los servicios sociales se basan en el reconocimiento de la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos, sea cual sea su color de su piel, su etnia, su género o su orientación sexual", ha concluido.
