Pleno del Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria ha emitido su informe anual sobre las 180 medidas que aplicó en 2025 para revertirlo, a las que dedicó un total de 126,6 millones de euros, a través de distintas consejerías y entidades miembros.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, durante la reunión del Pleno, celebrada este viernes, en la que ha explicado que en esos 126,6 millones se incluye "por primera vez" desde su creación en 2019 las medidas aportadas por los miembros del Consejo Asesor.
Hasta ahora, los informes anuales del Consejo Asesor solo recogían las medidas que realizaban las diferentes consejerías para luchar contra el despoblamiento, pero, desde el acuerdo adoptado en la reunión de 2025, este informe recoge todas las medidas aportadas por los miembros, ha informado el Ejecutivo regional.
De las 180 medidas, un total de 163 han sido adoptadas directamente por el Gobierno de Cantabria -por un importe global de 124,8 millones de euros-, y 17 por el resto de los miembros -por un importe estimado de 1,7 millones-, entre las que se encuentran la Guardia Civil, con once medidas, y tres de la Universidad de Cantabria (UC) y del Grupo de Acción Local (GAL) Asón-Agüera-Trasmiera.
También se ha presentado el balance de los fondos recibidos por Cantabria para la lucha contra el despoblamiento y el reto demográfico, como los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) -9,2 millones con un 89% ejecutado-, destinados a conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad; y los Fondos de Cohesión Territorial -1,4 millones de euros-.
Asimismo, ha informado de la situación de las subvenciones para financiar proyectos innovadores promovidos por entidades locales.
ANTEPROYECTO DE LEY
Por otro lado, se ha abordado la tramitación del anteproyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Despoblamiento y frente al Reto Demográfico en Cantabria, cuyo texto fue informado favorablemente por la Comisión permanente del Consejo el 30 de abril, y que, finalizado el periodo de audiencia e información pública, ha recibido 11 escritos de alegaciones que los miembros revisarán, valorarán y harán aportaciones y mejoras durante los próximos meses para conseguir un texto "consensuado".
Urrutia ha explicado que el objetivo "primordial" de la Ley es dar una respuesta "integral y permanente" con un marco normativo concreto y con medidas reales para conseguir el desarrollo del mundo rural y de los municipios en riesgo de despoblamiento en particular.
El vicesecretario general de la Delegación del Gobierno ha pedido que en el texto se haga referencia a la normativa estatal y representantes de la Federación de Municipios de Cantabria han agradecido al Gobierno que haya atendido la petición del Consejo Asesor que tanto alcaldes como los GAL pedían medidas concretas y que se abandonara la declaración de intenciones que había en el anterior texto, que solo reconocía derechos pero no ponía medidas concretas que obligaran a los gobiernos a implementarlas.
En la reunión han participado la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, como vicepresidenta segunda del Consejo, y la directora general de Administración Local, Marta González, entre otras autoridades.
