El Gobierno de Cantabria ha aprobado un decreto que regula la organización y gestión del sistema interno de información de la Administración General de la comunidad autónoma adaptándolo a la normativa que protege al personal público que informe sobre infracciones o corrupción.
La Directiva del Parlamento y del Consejo Europeo de 23 de octubre de 2019 regula aspectos mínimos que han de satisfacer los distintos cauces de información a través de los cuales una persona física que sea conocedora en un contexto laboral de una infracción pueda dar a conocer la existencia de la misma.
La citada Directiva obliga a contar con canales internos de información a muchas empresas y a entidades públicas porque entiende que es preferible que la información sobre prácticas irregulares se conozca por la propia organización para corregirlas o reparar lo antes posible los daños.
Además de los canales internos, la Directiva exige la existencia de canales externos de información con el fin de ofrecer a la ciudadanía una comunicación con una autoridad pública especializada, lo que les puede generar más confianza al disipar su temor a sufrir alguna represalia en su entorno.
Estos objetivos de la Directiva se incorporan en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que obliga a la creación de este sistema que permita a todos los ciudadanos comunicar información sobre las posibles infracciones y que esté diseñado de forma segura, garantizando la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado.
El Buzón del Informante es el Canal Interno de Información, y su uso se incluirá en la página de inicio del portal web institucional de Cantabria, identificado por la URL www.cantabria.es.
La información podrá llevarse a cabo de forma anónima por escrito, verbalmente o, a solicitud del informante, mediante una reunión presencial, solicitada a la Inspección General de Servicios, que le citará dentro del plazo máximo de siete días.
La Inspección General de Servicios llevará a cabo las actuaciones encaminadas a comprobar la verosimilitud de los hechos relatados, garantizando a la persona afectada por la información que tenga noticia de la misma y de los hechos relatados de forma sucinta, así como el derecho a presentar alegaciones por escrito. En ningún caso se comunicará a los sujetos afectados la identidad del informante ni se dará acceso a la comunicación.
Concluidas todas las actuaciones, la Inspección General de Servicios emitirá un informe y podrá archivar el expediente; remitirlo al Ministerio Fiscal cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito o a la Fiscalía Europea en el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea o proponer la apertura del correspondiente procedimiento disciplinario o sancionador.
El plazo máximo para finalizar las actuaciones y dar respuesta al informante, si éste no ha renunciado a recibir comunicaciones, será de tres meses desde la recepción de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, de tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse la comunicación. El referido plazo se podrá ampliar motivadamente hasta un máximo de otros tres meses más en los casos de especial complejidad.
El decreto que regula este sistema interno de información es uno de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de hoy, de los que ha dado cuenta en una rueda de prensa posterior el vicepresidente cántabro en funciones, Pablo Zuloaga.
Un Consejo que ha sido breve debido a que el Ejecutivo está ya en funciones tras las elecciones del 28 de mayo, si bien sigue desarrollando labores administrativas hasta que se configure el próximo Gobierno.
En él también se ha aprobado el cese, a petición propia, de Ángel Ruiz Gómez como director general de Organización y Tecnología. Preguntado por este asunto, Zuloaga ha evitado dar explicaciones y únicamente ha respondido que "se le han agradecido los servicios prestados".
Finalmente, se han autorizado dos contratos en materia sanitaria para el Hospital de Laredo, uno para los servicios de verificación de sistemas de gestión de la seguridad alimentaria con un valor estimado de 45.000 euros, que pretende velar por que la comida que se sirve sea de "máxima calidad" y esté "en condiciones óptimas" para su consumo; y otro para la adquisición de equipamiento para la unidad de histeroscopia, por importe de 59.569 euros.
