La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha lamentado que el Plan de Vivienda estatal supone "más restricciones, menos incentivos y menos oferta", y ha advertido que la comunidad no permitirá que se imponga el modelo de zonas tensionadas ni que se "penalice o discrimine" en el reparto de fondos a las autonomías que no lo apliquen.
En su opinión, el plan impone unas políticas de vivienda "fracasadas" y avanza en el camino de las "falsas soluciones", las que se fundamentan "única y exclusivamente en las razones ideológicas", ya que trata de imponer "erre que erre" la declaración de zonas tensionadas y que la calificación de vivienda protegida sea permanente a perpetuidad, lo que "limita y condena a la inversión privada".
"Y si seguimos discriminando con los fondos en función de quién sigue la política del Ministerio y quién no la sigue, evidentemente nunca vamos a solucionar este problema", ha dicho tras la Conferencia Sectorial de este jueves en el que Cantabria y el resto de comunidades gobernadas por el PP votaron a favor de la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, porque como ha recalcado Buruaga "una cosa es no estar conforme con el plan" y "discrepar de las políticas estatales" y "otra bien distinta es renunciar a los recursos que son de todos los cántabros". "No vamos a perdonar un solo euro", ha recalcado.
A preguntas de los medios en su visita a las obras del tritubo en Camargo, la presidenta ha reiterado que el Plan de Vivienda y "llega tarde" ya que tenía que estar operativo el 1 de enero, aunque cree que "quizás ese es el menor problema a estas alturas". Y es que también considera que está "mal concebido" y su contenido genera "serias reticencias" a las comunidades "invade sus competencias", tras haberse hecho a sus "espaldas".
Así, tiene claro que lo mejor del plan son "los fondos" para continuar con las políticas de la región, "que son las que funcionan".
Aunque ha indicado que a Cantabria "no le importa" aumentar su aportación a vivienda --"lo estamos haciendo sin que nadie nos lo exija"--, ha lamentado que se haya elaborado el plan "sin atender las alegaciones" de las comunidades y aumentando su carga, ya que el Gobierno central reduce su aportación del 70% al 60% mientras en el caso de las autonomías sube del 30% al 40%.
"Para nosotros esto no es solidaridad, no es corresponsabilidad, es deslealtad institucional", así como una "oportunidad perdida de hacer las cosas muchísimo mejor para avanzar" y "sumar esfuerzos" entre instituciones, ayuntamientos y gobiernos.
No obstante, ha asegurado que Cantabria "quiere colaborar, tiene soluciones" para aumentar la oferta y reducir el precio de la vivienda y, aunque "es una pena no ser capaces de multiplicar la eficacia de este plan y su rentabilidad social aunando competencias", prevé destinar los fondos del plan a medidas por las que ya viene apostando como la construcción de vivienda pública, la rehabilitación y regeneración urbana o las ayudas al alquiler.
