La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido la colaboración y participación de los sectores afectados por la futura ley de simplificación administrativa en la que trabaja el Gobierno regional y que propiciará la modificación de diversas normas y decretos con la intención de introducir medidas de reducción de tiempos de resolución y de cargas administrativas a la ciudadanía y empresas.
En una carta remitida a la CEOE-CEPYME, sindicatos, cámaras de comercio, colegios profesionales y Universidad de Cantabria, Buruaga ha solicitado su opinión para proceder a la elaboración del borrador del anteproyecto de ley, que posteriormente se someterá al trámite conjunto de audiencia e información pública. La norma ya ha superado hasta el momento el trámite de consulta, cuyo plazo finalizó el pasado 26 de diciembre.
El Ejecutivo espera que el futuro proyecto de ley de simplificación administrativa pueda aprobarse este mismo año, dada la "urgencia y necesidad" de que Cantabria cuente con esta norma.
Según Buruaga, con esta ley, el Gobierno ofrecerá una respuesta "integral" al "freno" que supone para la actividad de las empresas la carga burocrática y los procedimientos administrativos que se "eternizan" en el tiempo. Al mismo tiempo, "conseguirá facilitar la actividad económica, atraer inversiones y nuevos proyectos empresariales".
"Estamos cumpliendo uno de los compromisos marcados en esta legislatura con la reducción de los trámites administrativos, y queremos llevarlo a cabo haciendo partícipe de su redacción a todos los colectivos implicados con el fin de conseguir una norma consensuada, más eficiente y reforzada", ha explicado Buruaga.
Según ha avanzado, este proyecto de ley simplificará al máximo los procedimientos administrativos, para lo que fomentará la declaración responsable o la comunicación previa frente al proceso de autorización en "todos los procedimientos que se pueda" y "siempre garantizando la seguridad".
"Hay mucho margen de mejora en la vía de eliminar trabas para facilitar la inversión en Cantabria", ha subrayado la presidenta, quien cree que "en muchas ocasiones, no es cuestión de inversión", sino de un Gobierno que "posibilite, no entorpezca, propicie y acompañe a los empresarios", que son "los que traen la riqueza, el desarrollo económico y el bienestar a la Comunidad".
MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN EN MARCHA
La jefa del Ejecutivo regional se ha referido también a la "revolución de futuro" que ha supuesto la aprobación de los presupuestos regionales de 2024 y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas por la puesta en marcha de medidas de simplificación administrativa relevantes.
Entre ellas, ha citado la tramitación que recoge la ley de control ambiental, la modificación de la ley del suelo, la tramitación de las cédulas de habitabilidad y la introducción de la declaración responsable en la organización de determinados espectáculos públicos y eventos.
Igualmente, el Gobierno cántabro procede ahora al estudio pormenorizado de los 1.581 procedimientos que tiene la Administración en las diferentes consejerías, con el fin de simplificar y eliminar las trabas.
En materia de contratación, Buruaga ha avanzado que también se centrarán los esfuerzos por reducir estos procesos, porque "no se puede tardar un año en adjudicar un proyecto desde que iniciamos el procedimiento", ha lamentado.
En este camino, ha detallado que se establecerán criterios comunes para que todas las empresas licitadoras puedan conocerlos de antemano en aras a una mayor "transparencia y agilidad", y a una mejor preparación de las ofertas.
También se elaborarán "pliegos base" comunes a toda la Administración Autonómica, tal y como obliga la normativa estatal que, como ha recordado, "nadie ha puesto en marcha" hasta ahora. Solo se pondrán cambiar, según ha explicado, si existe justificación, y tendrá que ser autorizado por los propios órganos administrativos, algo que "va a agilizar mucho los trámites" para los licitadores.
En este ámbito, ha recordado otro avance que ya se encuentra en marcha como es la eliminación de altos cargos en las mesas de contratación, introducida en la Ley de Medidas Administrativas de 2024; así como el Plan de Transformación Digital, dirigido a los ayuntamientos y dotado con cerca de 800.000 euros, para que las administraciones locales "se unan a la modernización de las administraciones públicas".
