El consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, el regionalista Guillermo Blanco, ha negado que el conflicto entre su departamento y el Gobierno central desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) haya desatado "discrepancias" entre los socios del Ejecutivo regional, PRC-PSOE.
Así, más allá de las informaciones en redes sociales y medios de comunicación que apuntan a posibles desacuerdos entre regionalistas y socialistas, "a mi no me ha llegado nada, ni a mi secretario general y presidente del Gobierno tampoco", ha asegurado, aludiendo a Miguel Ángel Revilla.
Y es que, después de que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dejara en suspenso las autorizaciones para cazar lobos del departamento de Blanco al aceptar la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), el consejero señaló que, si las comunidades afectadas por los ataques no logran el aval de la Justicia, lo necesario sería "cambiar el Gobierno" liderado por Pedro Sánchez.
Sin embargo, ha asegurado que no ha habido discrepancias en torno a la gestión del lobo entre los socios del Ejecutivo regional ni con los socialistas cántabros, a excepción del diputado Javier García-Oliva, que ha roto en varias ocasiones la unanimidad del Parlamento cántabro y se ha desmarcado del voto de su grupo para rechazar iniciativas contra la protección del lobo.
"Hay alguna red social que alberga lo manifestado por algún diputado del PSOE que ya me ponía a mí verde y ahora me sigue poniendo más verde", ha dicho en alusión a García-Oliva, pero "más allá, entre los partidos y los socios de Gobierno, a mí no me ha llegado nada", ha asegurado tras una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves, a preguntas de los periodistas acerca de ese posible distanciamiento entre los integrantes del bipartito.
COMUNIDADES LOBERAS "HERMANADAS"
Igualmente, cuestionado por las diferencias que hayan podido surgir en la gestión del problema entre Asturias y Cantabria, ha asegurado que no hay "ninguna". "Estamos llevando el mismo procedimiento hermanado", ha sentenciado, recordando que ambas comunidades tenían un plan de gestión del lobo que logró una "paz social después de años de turbulencia" y que se ha vuelto a romper cuando el Ministerio para la Transición Ecológica incluyó al lobo en el Lespre, de la mano de su "socio" Ascel.
De hecho, ha dicho que las cuatro comunidades loberas, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, están actuando cada una "con sus peculiaridades" pero "de forma hermanada" para frenar la protección de la especie, acudiendo a la Justicia para que permita la extracción de algunos ejemplares.
La única diferencia, según ha precisado, es que Cantabria se adelantó en la obtención de los informes jurídicos con los que quería autorizar la caza -que posteriormente ha enviado al resto de territorios para que sigan el mismo modelo- y publicó antes que el resto las órdenes de extracción, que son las que ha recurrido la asociación Ascel logrando que el TSJC acepte sus cautelares y paralice la autorización.
Así, la diferencia con Asturias es que ésta aún no ha publicado sus órdenes y, cuando lo haga, puede que de nuevo Ascel las recurra o puede que no, y en caso afirmativo puede que la Justicia no acepte sus cautelares como sí ha hecho el tribunal cántabro. En todo caso, Blanco ha dicho que le parecería "muy bien" que se pudiera proceder a la caza en la comunidad vecina. "Me alegraría muchísimo", ha zanjado.
Y es que el también titular de Ganadería ha reiterado que respeta pero discrepa "profundamente" con la decisión judicial, que consideró desproporcionada la extracción sin antes aplicar medidas de prevención y protección del ganado y de control de la especie que no supongan su muerte.
