La Audiencia Provincial de Cantabria juzga este martes a dos acusados de un delito contra la salud pública, por introducir en España 363 kilos de cocaína que llegó dentro de un vehículo-vivienda transportado en buque desde Chile.
La Fiscalía de Cantabria ha solicitado para ellos una pena de seis años de cárcel y el pago de una multa de 19 millones de euros.
Según el ministerio público, el vehículo fue recibido en el puerto de Barcelona y los dos procesados, que figuraban como destinatarios de la mercancía, fueron detenidos cuando acudieron a la Zona Franca a hacerse cargo de la misma. La droga está valorada en 19 millones y su destino era la distribución entre consumidores en España.
Los dos acusados "son adictos a las drogas, lo que merma sus facultades mentales y volitivas, habiendo realizado esta actividad para terceros, que se desconocen, con el objeto de financiarse su adicción", explica el fiscal.
A su juicio, son autores de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de drogadicción, y merecen una condena, cada uno, de seis años de prisión y 19 millones de euros de multa.
TRÁFICO DE COCAÍNA DESDE UN PISO DE SANTANDER
Además, la Audiencia también juzgará hoy a tres acusados por un supuesto delito de contra la salud pública, por traficar cocaína desde un piso en Santander.
La Fiscalía explica en su escrito que uno de ellos era "el dinamizador de toda la actividad, pues es quien mora realmente en el narcopiso y permite un continuo y permanente flujo de venta y distribución de sustancias estupefacientes en esta zona de Santander las veinticuatro horas del día".
Según la acusación pública, colaboraban con él los otros dos procesados, uno de los cuales era propietario de una bandolera que se encontró en el registro de la vivienda y que guardaba dieciséis envoltorios con cocaína, mientras que el otro fue visto por agentes realizando pases de la sustancia a terceras personas.
Los hechos constituyen, a juicio del fiscal, un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, por lo que solicita una pena para cada uno de ellos de cuatro años de prisión y 500 euros de multa.
