La Sección Teercera de la Audiencia Provincial juzga este jueves, a partir de las 10.00 horas, a una mujer por, supuestamente, obligar a su nieta a mantener relaciones sexuales con un conocido de la familia.
En este juicio, ejerce la acusación particular el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que solicita una pena de 15 años de cárcel, en tanto que Fiscalía y defensa solicitan la absolución de la procesada.
El escrito del organismo dependiente del Gobierno regional señala que la procesada trajo a su nieta a España cuando tenía once años, con la promesa de que en nuestro país tendría "una vida mejor". En fechas no determinadas, cuando la menor contaba con trece años, la abuela obligó a la nieta a mantener relaciones sexuales con un hombre mayor, ya fallecido.
Añade el ICASS que durante el confinamiento por la pandemia del Covid la obligó a realizarse fotografías y videos de contenido sexual para enviárselos al señor. Y apunta además que la obligaba a realizar "todas" las tareas domésticas y de limpieza del hogar, recibiendo "continuos desprecios y castigos".
Por todo eso, considera que es autora de un delito continuado de abuso sexual a menores y de otro igualmente continuado de corrupción de menores, merecedores de una pena que asciende a quince años de prisión, alejamiento y prohibición de comunicar con su nieta durante ocho años, libertad vigilada tras la prisión de diez años e inhabilitación para desempeño con menores durante otros diez.
Y en concepto de responsabilidad civil, el ICASS pide una indemnización para la menor de 30.000 euros, por los daños morales y en atención a la continuidad y gravedad del delito, la "gran diferencia" de edad con el fallecido, la relación de parentesco de la menor con la acusada y su especial vulnerabilidad por estar sujeta al "control absoluto" de su abuela.
AGRESIVIDAD Y RESPUESTAS VIOLENTAS
Por su parte, la Fiscalía y la defensa no respaldan este relato de hechos y, por tanto, solicitan la absolución. En este sentido, el ministerio público explica en su escrito la situación de la chica, que al año de llegar a España comenzó a recibir atención de los Servicios Sociales por situaciones de "agresividad".
Su situación escolar "se agrava" y comienza a no asistir a clase a primeras horas de la jornada, tiene respuestas "violentas" hacia sus compañeros y presenta "bajo" rendimiento escolar.
Y en el domicilio familiar, la menor considera que está siendo "injustamente" tratada al tener que realizar las tareas domésticas. La situación empeora cuando parece que debe regresar a su país, pues ella rechaza volver y "prefiere vivir en un centro alejada de su familia", donde permanece actualmente.
