El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha dicho que, "a pesar de todos los anuncios y visitas de ministros" a la planta de Solvay en Barreda, "lo cierto es que su transición energética no está garantizada y por ello hay un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) planteado".
Además, ha advertido que "sin transición energética, la planta no tiene futuro", por lo que cree que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) "debe actuar" y pasar "de las palabras a la certidumbre regulatoria". "Aún estamos a tiempo y aún se pueden tomar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder lo de hace seis años", ha dicho en alusión al cierre de Sniace.
Interpelado por el PRC en el Pleno del Parlamento este lunes -en el que el comité de empresa y la dirección de la fábrica han celebrado la penúltima reunión de negociación del ERE y se han rebajado a 54 los despidos, frente a los 77 iniciales-, Arasti ha defendido que "España tiene que compensar a Solvay por aquellas desventajas competitivas cuya causa no es imputable" a la empresa, entre las que ha citado que debe invertir 250 millones de euros en su descarbonización.
Según ha explicado, hay dos mecanismos para compensar a Solvay y que pueden llevar a cabo la transición energética: el PERTE de descarbonización o el coeficiente multiplicador de los certificados de ahorro energético.
Este último se calcula mediante una fórmula, de manera "totalmente objetiva", pero según Arasti en España "no se ha respetado su valor" en el caso de Solvay -como por el contrario sí se ha hecho en su planta en Francia-, ya que "se redujo por el Ministerio de Transición Ecológica digitalmente". De este modo, "la compensación no es suficiente para que Solvay pueda llevar a cabo la transición energética".
Para el Gobierno regional, este asunto es "el primer problema urgente que hay que resolver", y por ello ya ha pedido al MITECO que el coeficiente multiplicador tenga el valor necesario para que Solvay "sea compensada suficientemente y pueda culminar por fin la transición energética que debió haberse llevado a cabo en la anterior legislatura".
"Si en España se hubiesen hecho las cosas como en otros países, posiblemente hoy no estaríamos hablando de Solvay", ha lamentado el consejero tras denunciar que el Estado "ha convertido la incertidumbre regulatoria en un lastre estructural que nos coloca en una posición de desventaja competitiva con respecto a otras plantas del grupo y que explica la situación en la que nos encontramos hoy".
A esto, Arasti ha sumado que Solvay "no puede competir" con empresas de países como Turquía, China o Estados Unidos, que "no tienen que llevar a cabo ninguna transición energética" o que no tienen que pagar por emitir CO2, a lo que ha sumado que el precio de la electricidad y del gas en España es "muy superior" al de otros países.
El titular de Industria ha respondido así a una interpelación del diputado regionalista y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, quien ha lamentado que "lo único que se ha escuchado del Gobierno de Cantabria" respecto al ERE ha sido "silencio".
Además, cree que el Ejecutivo defiende a la empresa en lugar de a los empleados, a lo que Arasti le ha respondido que "tiene que entender que jugamos en el mismo equipo y que defendemos lo mismo", porque "no se puede defender a los trabajadores de Solvay sin defender a la propia Solvay".
López Estrada también ha criticado que no se haya invitado a los ayuntamientos al grupo de trabajo creado entre Ministerio y Ejecutivo regional para abordar el asunto, lo que ha tildado de "altivo" y de "poco respeto institucional".
MEDIDAS PARA LOS AUTÓNOMOS
Previamente, en el Pleno del Parlamento de este lunes se ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) impulsada por los 'populares' para que el Gobierno de Cantabria (PP) inste al de España a aplicar el IVA franquiciado para los autónomos, la exención de la cuota mensual durante los primeros 60 días de baja y la reducción de las declaraciones fiscales de cuatro a dos anuales, o incluso una, así como a que aporte seguridad jurídica con la definición de los gastos deducibles.
PP, PRC, PSOE y Vox han unido sus votos tras incorporar a la iniciativa una enmienda de los socialistas que ha añadido un quinto punto, en el que se pide aprobar antes del 30 de mayo una subvención que compense a los autónomos sin empleados las cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja por incapacidad temporal por contingencias comunes, y extender esa cobertura a todos los autónomos en casos de enfermedad grave.
La propuesta está basada en una directiva europea de 2020, que fijó la entrada en vigor del IVA franquiciado el 1 de enero de 2025 y que en España no ha sido aplicado, pero sí fue respaldada por una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado octubre a propuesta de Junts.
Dicha medida establecería un régimen especial de exención del IVA para que autónomos y pequeños negocios que facturen menos de 85.000 euros no tengan que repercutir el IVA en sus facturas ni presentar declaraciones trimestrales ni anuales.
Por ello, el 'popular' Alejandro Liz ha defendido que esta directiva europea supone "más competitividad, precios más bajos y menos carga financiera" porque los beneficiados no tendrían que adelantar el IVA a Hacienda, lo que además supondría una simplificación contable para las microempresas y autónomos con ingresos "modestos".
Por su parte, el regionalista Javier López Marcano ha señalado que "cualquier pretexto es bueno para hablar de la mala situación que viven los 41.278 autónomos" de la región, quienes "pasan verdaderos apuros para practicar una economía de subsistencia", ha añadido. Asimismo, ha reiterado la necesidad de abordar el relevo generacional.
Desde el PSOE, Ana Belén Álvarez ha asegurado que su grupo apoyará cualquier propuesta que suponga una mejora para la protección de los autónomos, y ha mostrado su apoyo a la propuesta de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos para bajar el umbral del IVA hasta 50.000 euros. Asimismo, ha indicado que la enmienda socialista introducida en la PNL parte de las reivindicaciones presentadas ante la Mesa del Autónomo.
Finalmente, la diputada de Vox Natividad Pérez ha afirmado que España es "la vergüenza de Europa" por incumplir la directiva europea y cree que el Gobierno central mantiene a los autónomos españoles con "una mano atada a la espalda". Más allá, ha insistido al Ejecutivo regional para que baje el tramo autonómico del IRPF, entre otras medidas.
