El sindicato ANPE ha planteado mejoras sustanciales al Anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar de Cantabria y ha reclamado protección jurídica y psicológica "real" del docente.
Porque en su opinión "el verdadero reto no es únicamente el reconocimiento formal, sino lograr que se traduzca en protección real, respaldo efectivo y confianza institucional".
La organización ha valorado positivamente la tramitación de esta norma, aunque ha subrayado que debe ir más allá del reconocimiento teórico de la autoridad docente ya contemplado en la Ley Orgánica de Educación.
ANPE ha diagnosticado un incremento significativo del malestar docente en los últimos años y ha explicado que entre las causas más señaladas se encuentran el exceso de burocracia, la presión asociada a la evaluación y calificación, el aumento de situaciones de violencia verbal, las grabaciones no consentidas, las campañas de descrédito, el cuestionamiento permanente de la labor docente y un creciente desgaste emocional. Ante esta situación, el sindicato ha enfatizado que "esta realidad exige respuestas eficaces y un respaldo institucional claro".
Como propuesta central, ANPE ha demandado que la ley debe desarrollar con mayor profundidad diversos aspectos fundamentales, como "un capítulo propio dedicado a la protección jurídica y psicológica del profesorado, dotándolo de contenido real y operativo".
El sindicato ha propuesto además que se simplifique y agilicer los protocolos existentes "para que cualquier docente que necesite asistencia jurídica o psicológica pueda acceder a ella de forma rápida y efectiva".
Ha reclamado también que la ley refuerce "el principio de presunción de veracidad del profesorado en el ejercicio de sus funciones", advirtiendo de que "ante una denuncia o reclamación, el docente no puede sentirse sometido a una presunción implícita de culpabilidad".
Asimismo, ha vinculado la consideración social y profesional del profesorado a mejoras concretas, señalando que debe ir acompañada de medidas concretas en materia retributiva, estabilización de plantillas y reducción de carga burocrática.
Finalmente, ANPE ha subrayado que "el profesorado cántabro no reclama privilegios. Reclama respeto, respaldo y coherencia entre la responsabilidad que asume cada día y la protección que recibe", insistiendo en que "la mejora de las condiciones laborales y de la consideración social del profesorado no constituye una demanda corporativa, sino una necesidad colectiva que beneficia al conjunto de la sociedad". El sindicato ha confirmado su intención de "participar activamente en la tramitación de esta norma" para que responda "de manera efectiva a las necesidades reales de los centros educativos y de sus profesionales".
