ANPE acusa a Silva de "faltar a la verdad" sobre el traslado del IES José del Campo y garantías del regreso

El sindicato ANPE ha rechazado las declaraciones del consejero de Educación, Sergio Silva, sobre el traslado de ciclos formativos del IES José del Campo de Ampuero, al que ha acusado de "faltar a la verdad" al considerar que "no se ajustan a los hechos conocidos por esta organización sindical".

El sindicato ha respondido así a Silva, que hoy ha salido al paso de las declaraciones de ANPE en relación al traslado de los ciclos de mecanizado y mecatrónica industrial asegurando que "no se corresponden con la realidad o directamente son mentira" y que se trata de una situación "planificada" sobre la que se viene trabajando desde el principio de año.

En un comunicado, el sindicato ha exigido al consejero "un compromiso por escrito, en lugar de declaraciones incendiarias, de inversión para la reparación y mejora de las instalaciones del IES José del Campo y garantías de que las enseñanzas afectadas regresarán al centro público del que nunca debieron salir en el menor plazo posible".

ANPE ha denunciado que la Dirección General de Formación Profesional "negó expresamente" el 30 de abril la existencia de cualquier traslado, pese a que el sindicato había solicitado una reunión el 27 de abril para conocer si existían planes al respecto. Sin embargo, ha precisado que "la decisión no fue comunicada oficialmente al centro hasta el 28 de mayo y el compromiso de mantener las enseñanzas dentro de la red pública no llegó por escrito hasta el 1 de junio, después de que el sindicato denunciara públicamente la situación".

También ha cuestionado la afirmación del consejero sobre la participación de los docentes, argumentando que "será el equipo directivo del centro (integrado por docentes en activo) quien deba coordinar las actuaciones necesarias para el desmontaje y traslado de maquinaria y equipamientos", un hecho que Silva ha negado.

Finalmente, ANPE ha reiterado que su actuación responde "exclusivamente a la defensa de la educación pública y a la exigencia de transparencia", y ha cuestionado por qué no se han buscado alternativas en instalaciones públicas en lugar de una fundación y por qué "ni los representantes de los trabajadores ni la comunidad educativa fueron informados de unas actuaciones que afectan a las condiciones laborales del profesorado".