Más de 200 personas --unas 150, según la Policía-- han secundado en Santander la concentración convocada este mediodía por UGT, CCOO y CSIF frente a la Delegación del Gobierno para reclamar subidas salariales y otras mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos de toda España, más de 39.000 en Cantabria.
Han instado al Gobierno de España, y más concretamente al ministro de Función Pública, el socialista Óscar López, a "desbloquear" la negociación colectiva de un nuevo acuerdo que permita subir los salarios del personal del sector público en todo el Estado, que tiene el sueldo congelado desde enero de 2025.
Los representantes sindicales le han advertido que, si no lo hace, les "encontrarán en la calle". Además, han asegurado que "la excusa de que no hay Presupuestos no nos vale".
La concentración celebrada en Santander, y que ha cortado durante su celebración la calle Calvo Sotelo, es una de las convocadas por estos tres sindicatos ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España y también frente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública por unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo y mejora de las condiciones laborales para los más de tres millones de empleados públicos.
La protesta ha concluido con la entrega de un manifiesto conjunto de CCOO, UGT y CSIF al propio delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en la entrada del propio organismo público que dirige.
En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general UGT Servicios Públicos en Cantabria, Martín Calonge, ha denunciado que el Gobierno "no está invirtiendo nada" en el sector público, que es el que "garantiza el estado de bienestar", y ha reclamado al ministro que se siente, "de una puñetera vez", a negociar.
Por su parte, la coordinadora del Área Pública de CCOO de Cantabria, Arantxa Cossío, ha lamentado que pese a que el Gobierno se "jacta de que la economía va de maravilla", y efectivamente es de las mejores de la zona euro, los empleados públicos estén con el sueldo congelado todo este año.
A su juicio, tiene que haber una subida salarial "porque es la única forma de mantener los servicios públicos y el estado de bienestar". "Si las empresas privadas se están negociando acuerdos en torno al 3,7 por ciento y tenemos que los pensionistas tienen un incremento en las pensiones retributivas de 1,8%, merecemos desde luego bastante más que lo que está haciendo este Gobierno", ha reivindicado.
Y el presidente autonómico de CSIF, Manuel Garay, ha denunciado la "pérdida de derechos sociales" que padecen los empleados públicos y la "precariedad" en el trabajo que soportan.
Así, ha criticado las "precarias" ofertas de empleo público y que no se están cubriendo ni las jubilaciones que se producen cada año, "con una tasa de reposición que no hay manera de que este Gobierno la suprima". Ello hace, según ha comentado, que haya un "déficit" de funcionarios y empleados públicos en servicios esenciales.
También ha alertado del incremento de la tasa de interinidad, hasta un 30 por ciento, lo que está provocando multas de Europa.
A nivel salarial, ha denunciado que los empleados públicos aún padecen "congelaciones" de la época del Gobierno de José Luis Rodríguez (2004-2011) y las pagas extras todavía no se han recuperado en su totalidad.
Garay ha asegurado que a los sindicatos "no nos vale" la "excusa" de que no hay Presupuestos Generales del Estado ya que, según ha señalado, "hay mecanismos, no solo económicos, de recuperación de derechos de los empleados públicos".
MÁS DE 39.000 TRABAJADORES AFECTADO EN CANTABRIA
Según el último boletín de efectivos al servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Función Pública (enero 2025) en Cantabria, las movilizaciones de los tres sindicatos afectan en la actualidad a 39.526 empleados y empleadas en el sector público; 29.057 en el Gobierno autonómico, 5.990 en las administraciones locales y 4.478 en la Administración General del Estado (AGE), según han informado los convocantes.
El bloqueo, tanto de la negociación colectiva como del aumento salarial de 2025, afecta a un total de 3.037.432 trabajadoras y trabajadores del sector público en España.
