El Gobierno regional somete a información pública el anteproyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Despoblamiento y frente al Reto Demográfico en Cantabria, enfocada a priorizar la cohesión territorial, una fiscalidad diferenciada y la garantía de servicios básicos en el mundo rural para revertir la tendencia demográfica.
Así se recoge en la resolución de la Consejería de Presidencia publicada este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria, en la que se establece que el plazo para consultar el texto y presentar alegaciones o sugerencias al mismo será de diez días hábiles a contar desde el martes, 12 de mayo.
El anteproyecto de ley podrá consultarse en las dependencias de la Dirección General de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, en horario de 9.00 a 14.00 horas, ubicada en el número 5 de la calle Castelar de Santander, así como en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria (www.transparencia.cantabria.es).
Las alegaciones o sugerencias al texto deberán realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Administración Local.
El pasado 30 de abril el Gobierno regional presentó ante la Comisión Permanente del Consejo Asesor de lucha contra el despoblamiento el borrador de esta futura norma, que el Ejecutivo prevé remitir al Parlamento de Cantabria como proyecto de ley antes del próximo verano.
El borrador de este anteproyecto superó el primer trámite tras el visto bueno de la Comisión permanente, al incorporar además las alegaciones y propuestas de los municipios y la Universidad de Cantabria.
Ahora, el Gobierno regional somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el anteproyecto de ley con el fin de dar audiencia a los ciudadanos y colectivos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas y entidades.
Según ha informado el Ejecutivo, la futura ley se estructura en 66 artículos distribuidos en cuatro títulos, además de un preámbulo y diversas disposiciones, y se articula en dos grandes bloques.
Por un lado, hay una parte general que define el objeto, ámbito de aplicación y finalidades de la norma, así como las medidas generales de acción, organización y planificación de la Administración autonómica y, por otro, se incluyen un conjunto de medidas específicas dirigidas a los 41 municipios en riesgo de despoblamiento.
Entre las principales actuaciones previstas, destacan las rebajas fiscales y deducciones en estos municipios, así como medidas de discriminación positiva en la contratación pública, en las subvenciones y en el acceso al empleo público, con el objetivo de incentivar la cobertura de puestos de trabajo de difícil provisión.
Asimismo, el texto contempla iniciativas en ámbitos como la sanidad, la educación, la inclusión social o la lucha contra la soledad no deseada, además de actuaciones en turismo, cultura, seguridad y combatir la brecha digital.
También promueve la colaboración entre administraciones y con el sector privado, así como la sensibilización social y la puesta en valor del medio rural.
En la parte organizativa, la nueva norma obligará a que haya una consejería competente en esta materia, que coordinará las competencias de las distintas consejerías, incluyendo la acción también del Consejo Asesor.
La norma tiene un carácter transversal ya que implicará tanto a la Administración autonómica como a las entidades locales.
El texto incorpora además el deber general de todas las administraciones de integrar la perspectiva demográfica en su acción de gobierno, en la producción normativa y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha señalado que se trata de una normativa específica "ineludible" y "fundamental" ante la necesidad de dar una respuesta "integral" al despoblamiento, aglutinar el trabajo realizado hasta el momento e impulsar nuevas medidas para combatir el reto demográfico.
Según ha indicado, la ley hará posible que la lucha contra el despoblamiento "se realice desde todos los departamentos, de todas las administraciones, de todas las instituciones y sin importar el color político".
Y es que, como ha señalado, la nueva norma implicará tanto a la Administración autonómica como a las entidades locales, creando un marco normativo específico y con medidas reales.
Una vez que concluya el trámite de información pública, y una vez analizadas las alegaciones, el texto continuará su tramitación interna hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno y su posterior remisión al Parlamento de Cantabria como proyecto de ley.
