La asociación AMA, que aglutina en Cantabria a los afectados por las sentencias de derribo, ha lamentado que en 2022 haya vuelto a recibir, en lugar de "las soluciones prometidas", el "desprecio, el engaño" y la "total insensibilidad" por parte de las Administraciones Públicas.
Así lo ha criticado en un comunicado que ha remitido coincidiendo con la festividad mañana, día 28 de diciembre, de los Santos Inocentes, una efeméride que AMA ha adoptado como patrón de los afectados por las sentencias de derribo que forman parte de AMA y en el que ha hecho un balance de este año que termina.
AMA ha reprochado a las Administraciones que en 2022 sigan "maltratando a cientos de familias inocentes", como, según ha insistido, son los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria.
Según ha dicho, estas familias son "inocentes y por partida doble": por una parte, porque "así lo han manifestado en todas las sentencias los tribunales de justicia" y, por otra, "por poner en algún momento sus esperanzas en las Administraciones Públicas, pensando que iban a reparar el grave daño causado a las familias".
Ha afirmado que, con los afectados por las sentencias de derribo, la situación "ni se arregla, ni se soluciona, solo se pasa de legislatura en legislatura".
"Así ha sido desde tiempos casi inmemoriales, recordamos las promesas y planes de tantos consejeros: Revilla, Mediavilla, Mazón, Fernández, Díaz Tezanos y actualmente, Gochicoa. Nunca ninguno de ellos repitió legislatura. Nunca ninguno llegó a solucionar los problemas de los afectados por los derribos y no dudamos de su buena voluntad, aunque con algunos cuesta pero después de tantos años, seguimos haciendo valoraciones que ponen de manifiesto la frustración y decepción de cientos de familias que sufrimos una cadena perpetua, mientras cada año son más los amigos que se nos quedan en el camino, con los que nunca se hará justicia", ha reprochado.
AMA ha mantenido que los afectados por los derribos siguen "con el patrimonio secuestrado", "con miedo a perder" lo suyo y "ahora ver que nos vuelven a engañar, ha sido muy duro, muy injusto".
LA SENTENCIA DEL PORN LES DEJA "SIN ESPERANZAS"
Esta asociación ha hecho alusión a la sentencia recientemente conocida que anula el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, una resolución que afecta a algunas viviendas y que, según ha reconocido, les deja "sin esperanzas" y "sin fuerzas para buscar más soluciones".
"Hasta aquí hemos llegado. Si los jueces y responsables políticos no son capaces de realizar las soluciones que tanto prometen, por nuestra parte, poco más podemos hacer. Hemos intentado, por todos los medios legales, buscar la solución que fuera menos lesiva para todos; sin embargo, cada vez que se ha puesto una posible solución, la respuesta ha sido la misma, sentencias y resoluciones que han ido cerrando cada puerta o la esperanza que se abría", ha aseverado AMA.
Como ejemplo, ha señalado a las múltiples sentencias y resoluciones que desde hace más de dos décadas han afectado a las viviendas de Argoños y que "amenazaban con el derribo de las viviendas" pero "sin dar ninguna solución a los que no tienen culpa alguna". "Cada condena a las Administraciones Públicas (Ayuntamientos y Gobierno), siempre es un mazazo, un golpe, una puñalada para cientos de familias inocentes", ha apuntado.
En cuanto a Piélagos, la asociación ha criticado que "se está aprobando su PGOU" desde hace años, algo que considera "una verdadera tomadura de pelo sideral que nadie puede entender".
Y en Escalante desde AMA se han quejado de que "se siguen buscando los terrenos para la vivienda de sustitución". "Tanto en Escalante y Arnuero se van abonando indemnizaciones a aquellos afectados que ya han tirado la toalla, cansados de tanto esperar y así, acabar de una vez con este sufrimiento. Los que por su arraigo quieren seguir viviendo en su municipio están pidiendo las viviendas de sustitución, que contemplan los convenios firmados con el Gobierno de Cantabria", ha censurado AMA.
Para la asociación resulta "incomprensible" que el 80 por ciento de las viviendas estén situadas en suelos urbanos consolidados "donde todas las instituciones, todo el mundo, sabe que si se derriban, se volverá a construir en el mismo lugar".
"Sin embargo, como vemos, se prefiere el derribo, el derroche, tirar el dinero público, que pueden ser más de 70 millones de euros, para que luego se vuelva a construir en los mismos lugares y a veces, más viviendas que las que existen, ya que la normas lo permiten", ha dicho AMA, que se ha preguntado "qué bien o derecho se protege; qué interés hay por derribar y volver a construir en el mismo lugar, y "quién está detrás de esta locura, que nadie puede entender", ha dicho la asociación, que ha insistido en que los afectados "no quieren vivir en la amargura y el lamento permanente".
