El acusado de violar a una menor de 17 años tutelada por la administración y con la que había contactado por Instagram ha aceptado una pena de cuatro años de cárcel tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y el Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación particular al tener la guarda de la víctima.
Gracias a este acuerdo, el procesado, que también ha sido denunciado en otros momentos por otras dos menores que igualmente estaban bajo tutela de la administración, será condenado por un delito de abusos sexuales con acceso vía anal y vaginal y verá reducida la pena que pedían para él ambas partes, ya que el fiscal solicitaba cinco años de prisión y el Gobierno más de 13, pues inicialmente calificaba los hechos como un delito continuado de agresión sexual.
Además de la pena de prisión, tendrá que indemnizar a la víctima con 6.000 euros por las secuelas y por los días que estuvo impedida para sus labores. En este caso, no se ha modificado la cuantía que pedían fiscal y acusación particular.
También se le impondrá la prohibición de comunicación y acercamiento a una distancia menos de 300 metros de la víctima, su lugar de trabajo o su domicilio durante seis años, así como la inhabilitación para cualquier profesión que suponga contacto con menores de edad durante nueve años, y la libertad vigilada durante cinco años tras salir de la cárcel.
El acuerdo se ha ratificado en la Audiencia Provincial este martes, día para el que se había señalado el juicio que tenía que haberse celebrado el 12 de septiembre, pero tuvo que ser suspendido al no comparecer el acusado, natural de República Dominicana, por lo que se acordó orden de búsqueda y captura.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2021 en Santander, después de que acusado y víctima intercambiaran conversaciones a través de Instagram y quedaran para conocerse.
Según el escrito de conformidad, el hombre --con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia en este caso-- llevó a la chica a un local abandonado, donde le instó a que le hiciera una felación, le quitó la ropa y la penetró anal y vaginalmente pese a que ella le pidió "que parara repetidamente, dado que le hacía daño", ya que nunca había mantenido relaciones sexuales.
Tras este episodio, la menor sufrió trastorno por estrés postraumático y necesitó tratamiento farmacológico y terapia.
El Gobierno regional pedía más de 13 años ya que calificaba los hechos un delito continuado de agresión sexual y apuntaba como agravante a la situación de inferioridad de la víctima.
El escrito del Servicio Jurídico del Ejecutivo señalaba que la menor presentaba una situación de vulnerabilidad, a lo que se sumaban "su condición sumisa, su virginidad y su falta adecuada de formación sexual en el momento de los hechos, así como sus carencias afectivas".
Añadía además que el modo de proceder ha sido similar al de los relatos de las otras menores que le han denunciado: "primero entabla una relación con las víctimas, todas ellas vulnerables por su edad y circunstancias sociales y afectivas, lo que le facilita el acceso carnal a las menores, prescindiendo de su falta de consentimiento y de sus súplicas para que pare".
