Las acusaciones rebajan sus penas al administrador de fincas y la causa por apropiación se remite al Juzgado de lo Penal

Las acusaciones del juicio a un administrador de fincas por supuesta apropiación indebida, que se enfrentaba a cuatro años de cárcel que pedía la Fiscalía, modificaron sus peticiones de condena en el arranque de la vista, solicitando todas ellas dos años y medio de prisión, por lo que la causa, que se iba a enjuiciar esta semana en la Audiencia Provincial de Cantabria, se ha suspendido y se ha remitido al Juzgado de lo Penal.

Así lo ha sabido Europa Press por fuentes jurídicas, que han recordado que estos últimos órganos son competentes en delitos menos graves y que conllevaban, por tanto, condenas inferiores a cinco años de encarcelamiento, como los de apropiación indebida -tipo básico-, que es como se han calificado ahora estos hechos.

El juicio inicial se señaló para esta semana, del lunes al miércoles, en la Sección Primera de la AP, contra un hombre al que el ministerio público imputaba "dejadez en sus funciones y una ausencia total de diligencia" durante la gestión, entre 2008 y 1013, de cinco comunidades de vecinos de Santander

Según el primer escrito del fiscal, el procesado realizaba movimientos entre las cuentas de las comunidades que administraba, e incluso entre éstas y la suya personal.

Y censuraba además que no llevaba "contabilidad alguna que permitiera concretar los distintos ingresos y gastos de sus administradas, o determinar el destino de muchos de los cheques que libraba contra las cuentas de éstas".

Por eso, los hechos constituían para la Fiscalía un delito continuado de apropiación indebida merecedor de una condena de cuatro años de prisión y 4.500 euros de multa.

Tres comunidades de vecinos ejercían la acusación particular y reclamaban el abono de indemnizaciones por valor de los perjuicios sufridos.

Pero en el arranque de la vista en la Audiencia Provincial, todas las acusaciones modificaron sus peticiones de condena, solicitando dos años y medio de prisión por un delito básico de apropiación indebida.