La ACAT inicia su proceso de digitalización, con una inversión de 9 millones de euros en diez años

Archivo - ACAT. Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves el contrato para comenzar con el proceso de digitalización de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT). Con una inversión superior a los 9 millones de euros que se ejecutará durante la próxima década, el objetivo es modernizar el sistema actual para alcanzar "hitos" como la eliminación total del papel, la consecución del expediente electrónico tributario y la prestación de servicios electrónicos de alta calidad.

Este proyecto implica la renovación de todos los sistemas de información de la Agencia, que se formula en el contrato, como la adquisición y servicios de migración, implantación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de gestión integral e integrado de los procedimientos de aplicación de los tributos y otros procedimientos administrativos con soporte nativo para la tramitación electrónica en la nube, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

La ACAT ya anunció que iba a afrontar este proceso después de que el pasado mes de abril aparecieran sobres con notificaciones a contribuyentes tirados junto a contenedores en la calle Ataulfo Argenta de Santander depositados por personal de la empresa del servicio de limpieza (Bedunde) de la agencia.

Tras aprobarse el contrato este jueves por el Consejo de Gobierno, la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, ha señalado que "la digitalización es uno de los pilares fundamentales que establece Europa para un cambio del modelo productivo". "Poner en marcha este proceso nos permite iniciar la transición de la ACAT hacia una Agencia más eficiente", ha señalado.

Por su parte, el director de la ACAT, César Aja, ha indicado que se trata de "un paso de gigante" hacia el objetivo de conseguir una agencia moderna y cercana al contribuyente. "La digitalización de la ACAT permitirá una mayor agilidad en las relaciones entre el contribuyente y la Agencia y facilitará el cumplimiento de la ciudadanía con sus obligaciones tributarias", ha matizado.

La exigencia de la normativa vigente y las demandas de la ciudadanía han conferido a este proyecto el carácter de "inaplazable". "Una iniciativa de tanto calado no puede abordarse con garantías con los medios disponibles en la actualidad en la Agencia y en el Servicio de Informática Tributaria, asignado funcionalmente a la ACAT", ha indicado el director de la Agencia.

Con este contrato se busca la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, Asimismo, se pretende alcanzar la máxima cobertura de la administración electrónica en la Agencia e implantar un nuevo modelo de gestión tributaria y de aplicación de las TIC que sea sostenible en el tiempo.

Además, este contrato pretende satisfacer la necesidad fundamental de impulsar un profundo cambio en el modelo de gestión de la Administración tributaria de Cantabria que permita implantar, de forma efectiva, una Agencia íntegramente electrónica.

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN

El proyecto para digitalizar la ACAT surge de un trabajo previo de evaluación de la situación actual por parte de los responsables de la Agencia. De esta manera, una vez detectadas las debilidades y necesidades asociadas a los sistemas de información actuales, se comienza a ejecutar un plan a medio plazo con el objetivo de adaptar los servicios a una agencia del XXI, siguiendo para ello el modelo establecido por la Agencia Tributaria.

Aspectos como eliminar el papel en la gestión interna; mejorar los canales no presenciales; facilitar el teletrabajo (especialmente en una coyuntura epidemiológica como la actual) y disponer de información precisa y detallada sobre la gestión, recaudación e inspección tributarias son algunos de los hitos principales de este proyecto.

Para la ejecución del proyecto, se han aprovechado los mecanismos habilitados por la actual Ley de Contratos del Sector Público, llevando a cabo una Consulta Preliminar al Mercado en la que se ha obtenido una participación razonable y valiosa información de cara a afrontar el proceso de licitación.