Los abogados cántabros que prestan el turno de oficio han asegurado que desconocen tanto las conversaciones que están manteniendo la administración y el Colegio de la Abogacía como el contenido del nuevo decreto regulador de la asistencia jurídica en la comunidad autónoma.
Así lo ha señalado el colectivo este miércoles en un comunicado, remitido tras hacerse público, el martes, otro del Gobierno regional en el que aseguraba que el decreto se aprobará este año y tendrá efectos desde el 1 de enero.
Se lo trasladó la consejería de Justicia, Isabel Urrutia, a los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores de Cantabria, Andrés de Diego y Rosaura Díez, en una reunión celebrada en su departamento.
Pero los letrados del turno de oficio, en huelga desde el pasado 21 de noviembre, aseguran que no conocen el contenido de las conversaciones que se están manteniendo.
"E ignoramos en su totalidad el contenido del borrador", añaden, para lamentar que se está redactando "sin el concurso de los profesionales que prestan, de forma efectiva, el servicio de justicia gratuita".
"Venimos observando, con seria preocupación, cómo se reiteran los errores ya cometidos con el Reglamento de Justicia Gratuita aprobado en 2023 y que pocos meses después, ahora, se revela inútil por ser redactado y negociado, nuevamente, sin recoger las principales reivindicaciones del colectivo y sin nuestra presencia", critican.
En este sentido, señalan que han solicitado "en diversas ocasiones" y tanto al Colegio de la Abogacía como a la Consejería de Justicia reuniones para "participar activamente en el proceso y evitar un nuevo reglamento que siga sin recoger las dignas y justas reivindicaciones planteadas por el colectivo".
Así las cosas, auguran que las reuniones y grupos de trabajo anunciadas por la Consejería y el Colegio pero "realizadas de espaldas al colectivo afectado, por muy bienintencionadas que sean, conducirán a un nuevo fracaso legislativo".
Por todo ello, vuelven a solicitar "formalmente y sin más dilación" la incorporación de estos letrados a la mesa de trabajo constituida para "hacer valer nuestras reivindicaciones e incorporarlas al texto final".
"No podemos ni debemos seguir siendo ignorados en un asunto que afecta un servicio público fundamental para los ciudadanos de menos recursos y del que formamos parte activa y esencial", concluyen.
