La Abogacía del Estado también ha rebajado su petición de prisión por los vertidos contaminantes de Sniace al río Saja-Besaya realizados sin autorización entre 2008 y 2010 y solicita seis meses para cada uno de los ocho acusados: el entonces jefe de operaciones de esta fábrica de Torrelavega y siete exconsejeros, incluido el presidente de la compañía, Blas Mezquita.
Así, esta parte, que ejerce la acusación particular por los daños al cauce y al medio ambiente, se ha adherido a la reclamación de la fiscal, que interesa también medio año de cárcel para los procesados, que han sido enjuiciados por segunda vez tras anularse parcialmente la vista anterior y también la sentencia que les impuso tres meses y medio de prisión por un delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales.
En el nuevo plenario, celebrado la semana pasada y esta ante la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander, la acusación pública ha eliminado la continuidad delictiva, de modo que la solicitud de pena privativa de libertad baja respecto a los 16 meses que exigía la anterior fiscal del caso.
Por lo demás, pide a cada implicado multa de 15.000 euros (a razón de una cuota diaria de 50 durante 10 meses), inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con vertidos al medio natural durante un año y la indemnización que se considere en sentencia o durante la ejecución de la misma.
De su lado, el abogado del Estado, que también considera que concurre la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada, reclama multa de 20 euros diarios durante 8 meses (4.800 euros), inhabilitación especial igualmente por un año y que indemnice de forma conjunta a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) en casi 50 millones de euros por el perjuicio provocado (49,8 millones).
De forma subsidiaria, este letrado ha introducido que se aplique una fórmula matemática que rebajaría esa cuantía, aunque sería siendo millonaria.
Ecologistas en Acción, asociación que también está personada como acusación particular, pide la misma condena que la Fiscalía salvo en el ámbito de la responsabilidad civil, en el que comparte los criterios del Estado.
Y las defensas han insistido en la libre absolución de los acusados e interesan en todo caso que se tengan en cuenta las dilaciones indebidas en este procedimiento, juzgado casi dos décadas después de las primeras actuaciones.
La vista concluye este miércoles con las conclusiones definitivas, informes finales y derecho a la última palabra de los acusados.
