La enfermedad renal crónica (ERC) afecta en Cantabria a unas 700 personas, pacientes que precisan de diálisis o un trasplante para reemplazar la función de sus riñones.
Por ello, la Sociedad Española de Nefrología (SEN), junto a pacientes y otras organizaciones, han desarrollado una campaña de sensibilización con motivo de la celebración este jueves 9 de marzo del Día Mundial del Riñón. El objetivo es alertar del crecimiento de la ERC en España en los últimos años.
Según informa la sociedad científica, el número total de casos de pacientes con ERC en Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS) --que precisan diálisis o trasplante-- en Cantabria se sitúa en 1.772 personas por cada millón de población (pmp), muy por debajo de los 1.387 de la media nacional.
La incidencia de pacientes con ERC en TRS en Cantabria se sitúa en 148 pmp, muy cerca de la media nacional (149 pmp), pero bastante superior a la registrada en 2020 (127 pmp), por lo que experimentó un crecimiento del 17%, según los últimos datos disponibles en el Registro Español de Enfermedades Renales (REER), fruto de la colaboración entre la S.E.N., la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y los registros autonómicos de enfermos renales. De este modo Cantabria se sitúo entre las comunidades españolas que más aumentaron su incidencia en el año 2021.
MORTALIDAD
La ERC es un grave problema de salud pública que afecta a entre un 10 y un 15 por ciento de la población adulta en España, y se sitúa entre las diez primeras causas de mortalidad. La previsión, añade, es que sea una de las cinco causas principales de muerte en 2040.
Asimismo, el registro del SEN muestra que las enfermedades de riñón han crecido un 30% en la última década en el país, y el número de españoles que necesitan diálisis o trasplante para poder seguir viviendo alcanza las 65.740 personas. Un total de 7.084 personas iniciaron diálisis o trasplante en 2021.
Con estas cifras, los nefrólogos, junto a pacientes y otras entidades, solicitan que se desarrolle un Plan Nacional sobre la ERC, que actualice la estrategia aprobada en 2015 con el consenso de las comunidades y dé respuesta a los nuevos retos planteados por "la preocupante escalada de la incidencia, prevalencia y mortalidad" de las patologías renales.
