La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un segundo Plan Autonómico de Vivienda que permitirá promover más de 550 nuevas viviendas públicas en distintos municipios de la comunidad, tanto en régimen de compra como de alquiler. El anuncio lo ha realizado durante el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, donde ha defendido que su Ejecutivo está “movilizando suelo y construyendo más vivienda pública que nadie”.
Buruaga ha asegurado que el Gobierno destinará este año 61 millones de euros a políticas de vivienda, frente a los 27 millones de 2023, lo que supone un incremento del 125 %. Según ha señalado, este esfuerzo permitirá no solo completar el primer Plan de Vivienda, sino también poner en marcha un segundo para seguir ampliando el parque público de la comunidad.
La presidenta ha recordado que ya se han entregado 11 viviendas públicas, tres en Orejo y ocho en Santillana del Mar, mientras que actualmente se encuentran en construcción 116 viviendas, distribuidas entre Reinosa, Polanco, Laredo y Torrelavega. A ellas se sumarán nuevas promociones en Piélagos, Santoña, Laredo, Santa Cruz de Bezana, Reinosa y nuevamente Torrelavega, hasta completar las 285 viviendas previstas en el primer Plan de Vivienda de alquiler a precios asequibles.
Sin haber finalizado aún ese primer plan, Buruaga ha anunciado que el Gobierno ya trabaja en un segundo Plan Autonómico de Vivienda, que permitirá construir más de 550 nuevas viviendas públicas en distintas modalidades de compra y alquiler.
Estas promociones llegarán a Santander, Los Corrales de Buelna, Laredo, San Vicente de la Barquera, Ribamontán al Mar, Meruelo, Guriezo, Valdáliga, Val de San Vicente, Ruiloba, Penagos, Cabuérniga, Los Tojos, Valdeolea, Valdeprado del Río, Hermandad de Campoo de Suso y Pesquera, mediante suelo autonómico, acuerdos de cesión con los ayuntamientos o la adquisición de viviendas de la SAREB. Entre estas actuaciones, la presidenta ha destacado la compra de 63 viviendas sin terminar en Los Corrales de Buelna por 2,6 millones de euros.
Además, el Ejecutivo recuperará la fórmula de las viviendas a precio tasado para ampliar la oferta dirigida a las clases medias que no pueden acceder a una vivienda protegida, pero que también encuentran dificultades para comprar o alquilar en el mercado libre. Según ha explicado la presidenta, esta medida busca incrementar la oferta residencial y generar mayor confianza en el mercado.
Buruaga también ha anunciado un nuevo programa de alquiler que sustituirá al actual Moviva con el objetivo de incorporar al mercado viviendas vacías. El sistema ofrecerá a los propietarios el pago anticipado de la renta correspondiente al primer año, una duración mínima garantizada de siete años, acceso a incentivos fiscales y ayudas, y una relación directa con Gesvican, que podrá asumir la recuperación posesoria de los inmuebles como bien público. Según ha explicado, el objetivo es aportar mayor seguridad jurídica a los propietarios y facilitar a los inquilinos el acceso a viviendas a precios asequibles y con rentas estables.
La presidenta ha completado este paquete de medidas anunciando un refuerzo de las ayudas directas a la compra de vivienda. En el caso de los jóvenes de hasta 35 años, la ayuda aumentará hasta 15.000 euros o el 20 % del precio de adquisición, elevándose además el valor máximo de la vivienda subvencionable hasta 240.000 euros.
Asimismo, el Gobierno pondrá en marcha un incentivo de 200 euros anuales durante los tres primeros años para los menores de 36 años que abran una cuenta vivienda, cuyas aportaciones disfrutarán de una deducción fiscal del 15 %. A ello se sumará el impulso del alquiler con opción a compra y la línea de avales públicos de hasta el 20 % del precio de la vivienda para facilitar el acceso a una primera hipoteca a personas de hasta 45 años, siempre que adquieran una vivienda habitual de hasta 300.000 euros y acrediten una residencia mínima de dos años en Cantabria.
Buruaga ha defendido que todas estas actuaciones permitirán incrementar el parque público de vivienda, movilizar inmuebles vacíos, ampliar la oferta residencial y facilitar el acceso tanto al alquiler como a la compra, especialmente entre los jóvenes y las familias con mayores dificultades para acceder a una vivienda.
