La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) en Castro Urdiales que permitirá la construcción de 1.700 viviendas, de las que casi la mitad serán de protección oficial, y la reserva de suelo para el futuro Hospital de Alta Resolución de la localidad. El anuncio lo ha realizado durante el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno.
Buruaga ha explicado que el Ejecutivo declarará de interés regional este proyecto, que ha definido como una actuación de marcado carácter social y que permitirá incrementar la oferta de vivienda en uno de los municipios con mayor presión del mercado inmobiliario en Cantabria.
El desarrollo urbanístico contempla la construcción de 1.700 viviendas, con casi el 50 % destinadas a protección oficial. Dentro de esa actuación, el promotor cederá 100 viviendas terminadas al Gobierno de Cantabria para incorporarlas al parque público de vivienda y facilitará suelo para que la Administración autonómica pueda construir alrededor de otras 400 viviendas protegidas.
La presidenta ha destacado que el proyecto permitirá además disponer del suelo necesario para levantar el futuro Hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales, una infraestructura sanitaria cuyo Plan Funcional ya está redactado. Buruaga ha criticado que el Ayuntamiento no haya facilitado hasta ahora una parcela para hacer realidad este equipamiento y ha asegurado que, con este PSIR, el Gobierno da respuesta a esa necesidad.
Según ha señalado, la operación supondrá un retorno público valorado en más de 23 millones de euros mediante la cesión de viviendas y terrenos, además de contribuir a incrementar la oferta residencial y favorecer una mayor contención de los precios de la vivienda en Castro Urdiales.
Durante su intervención, la presidenta también ha anunciado que el Gobierno espera aprobar en el próximo periodo de sesiones la primera Ley de Vivienda de Cantabria, una norma con la que pretende incentivar la salida al mercado de viviendas vacías, ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios frente a la ocupación e impulsar nuevas medidas para aumentar la oferta de alquiler asequible.
