La Junta de Personal Docente ha reclamado la dimisión del consejero de Educación, Sergio Silva, o su cese por parte de la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, al considerar que su gestión ha llevado a un “enquistamiento” del conflicto con el profesorado.
La Junta recuerda que, “camino ya de cumplir un año desde el encierro en Peñaherbosa, cuando se notificó que el Gobierno no preveía partida alguna para la adecuación salarial docente tras 17 años y más de 34 puntos de inflación acumulada, el consejero Silva ha tenido tiempo y propuestas de sobra para demostrar su capacidad al frente de la Consejería de Educación, pero solo ha conseguido extender los encierros, las protestas y huelgas”.
El órgano de representación subraya que las movilizaciones masivas del curso pasado frenaron medidas que, a su juicio, buscaban “dividir al profesorado con complementos, penalizar salarialmente las bajas médicas o dictar la formación”.
Sin embargo, la negociación se encuentra ahora bloqueada por la denominada “cláusula Silva”, que condiciona el cumplimiento del acuerdo salarial a la aprobación de los presupuestos autonómicos en los años 2026, 2027, 2028 y 2029.
“Es una condición inaudita, nunca vista en la historia de los acuerdos educativos, ni en los alcanzados con la Consejería de Sanidad o Presidencia, que pretende convertir a los casi 9.000 docentes de Cantabria en ‘rehenes’ de negociaciones partidistas futuras”, denuncia la Junta de Personal Docente, que acusa al consejero de convertir esta cláusula en “línea roja” y negarse a retirarla.
La Junta también alude a la pérdida de confianza en el consejero, asegurando que “la Consejería ha perdido por completo al profesorado”, con una encuesta de EduCantabria en la que un 78% de docentes se mostró “muy insatisfecho” y un 16% “insatisfecho” con su gestión.
Entre las acciones criticadas figuran el cierre del colegio del Pedregal de Castro Urdiales “pese a una sentencia en contra”, el retraso en la toma de posesión de interinos “para evitar que pudieran hacer huelga” y la imposición de servicios mínimos “incompatibles con este derecho fundamental”, suspendidos cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
El colectivo lamenta además que Silva “diera plantón” a los representantes docentes en la última reunión convocada el viernes por la tarde, “renunciando a negociar y abocando el comienzo del curso a las sucesivas huelgas” previstas en septiembre y octubre en colegios, institutos, CEPAs, conservatorios y Escuelas Oficiales de Idiomas.
“Tanto por su demostrado desinterés por negociar, como por haber intentado imponer un decreto que conculcaba el derecho fundamental a la huelga y ha tenido que tumbar la Justicia, como por su obcecación en incluir una cláusula inaudita que amenaza con eternizar el conflicto, parece evidente que el papel jugado por Sergio Silva tiene que acabar, para que cambie la interlocución del Gobierno y pueda comenzar el curso con la normalidad que desea toda la comunidad educativa”, concluye la Junta de Personal Docente.
