El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido un Pacto de Estado por la Igualdad al tiempo que ha defendido que "una sociedad que no concilia es una sociedad sin futuro", en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este viernes 8 de marzo.
Fernández Marugán ha lamentado que, 12 años después de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, persisten en la sociedad problemas como la violencia de género, la discriminación laboral y salarial de las mujeres y los problemas para conciliar la vida personal y laboral.
Aunque el Defensor considera que se han logrado grandes avances que hay que consolidar, argumenta que "esta sociedad no puede permitirse dar ni un solo paso hacia atrás en materia de igualdad". Por ello, desgrana la situación en diversos aspectos como medidas de conciliación, violencia machista, mujeres en centros penitenciarios y pensionistas.
En el caso de la conciliación, la institución constata que las mujeres, en general, tienen más dificultades para acceder a un empleo acorde a su cualificación y una vez encontrado acaban topándose con más obstáculos para avanzar en su carrera que los hombres.
Por ello, el Defensor ha manifestado su preocupación por la falta de acciones para acabar con la brecha salarial y subraya la necesidad de seguir implementando medidas de conciliación para que mujeres y hombres tengan igualdad de condiciones en el ámbito laboral y en el familiar.
Por otro lado, señala que se han realizado actuaciones para que se recoja expresamente en el Estatuto Básico del Empleado Público el permiso por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de familiares y parientes de pacientes que precisen reposo domiciliario, y ha pedido a la Agencia Tributaria que las mujeres que hayan sido despedidas de manera improcedente y readmitidas después por sentencia judicial en su puesto de trabajo, no pierdan el derecho a la deducción por maternidad durante el periodo comprendido entre el despido y la reincorporación laboral, entre otras actuaciones.
Para Marugán, las administraciones públicas deben ser "ejemplares" en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad y tienen que garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres, tal y como estableció la Ley de Igualdad. Así, por ejemplo, indica que en 2018 recomendó la modificación del Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Comisión de Codificación para garantizar el cumplimiento de la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
VIOLENCIA MACHISTA
En el caso de la violencia machista, el Defensor ha reiterado su apoyo incondicional a las víctimas de esta lacra y a sus hijos, y considera "fundamental" reforzar la capacitación y sensibilización de todo el personal que interviene en la protección integral a las víctimas de este tipo de violencia, mediante formación especializada, continuada, obligatoria y evaluable, que preste atención particular a las necesidades de las mujeres y de los menores.
Marugán considera que "un maltratador nunca puede ser un buen padre" y, para proteger a los niños, pide que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos. Además, en su opinión, es necesario que la valoración del riesgo que realiza la policía, cuando una mujer denuncia maltrato, lleve aparejada una valoración individual y específica de la situación de riesgo de sus hijos.
Por otra parte, el Defensor ve "imprescindible" que desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se adopten nuevas medidas para promover y coordinar a las administraciones públicas implicadas en la lucha contra la violencia machista. Así, considera que se debería valorar la posibilidad de impartir instrucciones para que los Puntos de Encuentro Familiar comuniquen a las unidades contra la violencia sobre la mujer, a los juzgados y a la Fiscalía cualquier riesgo que detecten que pueda afectar a mujeres, a niñas y a niños.
El Defensor también denuncia que aunque la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género contemplaba la creación de unidades de valoración forense integral en todo el territorio todavía no están implantadas en todas las provincias y urge a su implantación total para atender a todos los juzgados.
PRESAS Y PENSIONISTAS
En el caso de la situación de las mujeres privadas de libertad, el Defensor del Pueblo subraya que se trata de un colectivo vulnerable. Actualmente, el 7,5% de la población reclusa son mujeres y en la actualidad, solo hay tres centros penitenciarios de mujeres y el resto cumplen condena en módulos habilitados en prisiones masculinas.
En 2018, la Institución señala que ha comenzado a realizar visitas con perfil de género para analizar los principales problemas que tienen las mujeres privadas de libertad.
Respecto a los pensionistas, hace referencia al informe 'Crisis Económica y Desigualdad' de 2018, en el que se constata que la brecha de género en la cuantía media de las pensiones roza el 40% . La proporción de mujeres que acceden a una pensión de jubilación es también ese mismo porcentaje inferior a la de los hombres.
La Institución defiende la necesidad de que el importe de estas pensiones sea "digno y suficiente" por lo que requirió información a la Administración sobre la posibilidad de impulsar la mejora de estas pensiones, prevista en la ley desde el año 2011.
Tras informar la secretaría de Estado de la Seguridad Social que dicha mejora se ha producido en el verano de 2018, el Defensor afirma que prosigue sus actuaciones tras conocer que dicho incremento se les ha negado a personas a las que en su día les fue reconocida una pensión de seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), que se dejó sin efectos económicos por ser incompatible con el cobro de la pensión de viudedad.
