El Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso presentado por las familias de las niñas de Aguilar de Campoo que desaparecieron hace más de treinta años en Reinosa tras el archivo de su búsqueda, por lo que pedirán la reapertura del caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Así lo han confirmado a Europa Press los representantes legales de los familiares de Virgina Guerrero y Manuela Torres, de la localidad palentina y que fueron vistas por última vez en 1992, cuando tenían catorce y trece años y regresaban de una fiesta en Cantabria.
La investigación se reabrió hace dos veranos, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga a raíz de la denuncia de una mujer en un programa de televisión, pero tras diferentes pesquisas la causa se volvió a cerrar meses después.
La Audiencia Provincial de Palencia confirmó el archivo y los abogados de las familias de las niñas presentaron recurso de amparo ante el Constitucional, al entender que el auto que ratificaba el sobreseimiento provisional de la causa vulneraba derechos fundamentales -la tutela judicial efectiva-, al igual que resoluciones previas del Juzgado de Instrucción.
También pedían al máximo órgano encargado de interpretar la Constitución Española en nuestro país que tuviera en cuenta la problemática con las personas desparecidas y la "laguna" de jurisprudencia que hay en la materia.
El TC era "la única vía" que les quedaba en España y, conscientes de la dificultad de que se admitiera este recurso --el Constitucional rechaza la mayoría de los que se interponen.-, ya habían avanzado en el momento de presentarlo que, en ese caso, acudirían a Estrasburgo.
Así, ahora, con la comunicación de inadmisión que pone fin a la vía judicial en nuestro país, las familias de Virginia y Manuela han anunciado que van a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la instancia judicial superior a nivel comunitario y también "la única" que puede ordenar a la justicia española que se reabra la investigación del caso. VISTAS EN UNA DISCOTECA Y HACIENDO AUTO STOP
El día de su desaparición, el 23 de abril de 1992, Virginia y Manuela habían acudido a primera hora de la tarde desde Aguilar a Reinosa, donde fueron vistas en una discoteca, en el Parque Cupido, y luego a la altura de una fábrica de galletas donde hacían auto stop.
Según testigos presenciales, ambas subieron a un vehículo SEAT 127 color blanco o claro, y esa fue la última noticia que se tuvo de ellas.
Tras la reapertura del caso hace dos años, la Policía Judicial investigó a tres personas, entre ellas a un hombre por las similitudes que presentaba la denuncia formulada por una mujer a la que habría ocurrido algo parecido y que desveló a raíz de un programa de televisión sobre el caso de Aguilar en el que se solicitaba colaboración ciudadana.
Esta testigo relató que en 1991, junto a una amiga y cuando ambas eran menores, se subieron igualmente a un Seat 127 de color blanco, en la misma zona donde desaparecieron las niñas, y que el conductor trató de desviarse del camino, por lo que tuvo que agarrar el volante para dirigir el vehículo a la cuneta y poder abandonarlo y huir.
A raíz de esto, el caso se reabrió en verano de 2021 y se decretó el secreto de sumario durante varios meses, en los que la Guardia Civil rastreó más de 7.400 vehículos de es modelo en seis provincias, 68 de ellos en la misma zona en la que Virginia y Manuela fueron vistas por última vez.
También tomaron declaración al propietario del coche al que se subió la denunciante -que no era blanco, sino marrón- y que fue desvinculado del caso tras haberle incluso 'pinchado' el teléfono y la instalación de un dispositivo de seguimiento en su actual turismo.
Así las cosas, la jueza instructora concluyó que ninguna de las gestiones policiales ni judiciales practicadas dieron resultado positivo como para implicar al ninguno de los sospechosos.
Por ello, acordó el sobreseimiento provisional de la causa -como había hecho ese Juzgado en 2001-, al no constar autor conocido en la perpetración de los hechos que llevó a la desaparición de las menores.
El archivo fue confirmado después por la Audiencia de Palencia, y recurrido ante el Constitucional, que ha admitido ahora la petición de las familias, que acudirán a Estrasburgo.
