La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha pedido al Gobierno de España la disolución del pleno municipal de Valdeprado del Río, asegurando que la actividad de dicho Ayuntamiento está marcada por una "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que supone incumplimiento de obligaciones constitucionales".
El colectivo enumera en un comunicado los motivos por lo que hace esta reclamación, entre los que señala la "vulneración sistemática" de la legalidad por la actual mayoría del PP en la Corporación -seis de los siete concejales-, que "ignora" las advertencias del único concejal opositor, de la Agrupación Independiente de Valdeprado del Río (AIVA).
También apunta la "desatención durante años" por el Ayuntamiento a las denuncias presentadas por vulnerar la legalidad, a las que "ni responde".
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La plataforma destaca asimismo el intento de disolución de tres concejos abiertos, entre ellos el de Arcera-Aroco, y la "indefensión" generada a los concejos y vecinos propietarios del territorio comunal o privado al "no informarles" y "ocultar" las solicitudes "ilegales" de empresas eléctricas, a las que "en secreto, se otorga la compatibilidad urbanística para sus agresivas y dañinas actuaciones".
Por otra parte, manifiesta la "incapacidad económico-financiera" para hacer frente a la gestión legal del interés general, que ha llevado al Ayuntamiento a una deuda de "más de 4.000 euros" con el Concejo de Arcera-Aroco y a pedir 300 euros a cada concejo abierto del municipio.
