El Concejo Abierto de Sotillo-San Vitores ha anunciado este jueves que recurriá por la vía administrativa y judicial la autorización administrativa previa del polígono eólico Morosos, de 38,115 MW.
En un comunicado, el concejo ha expresado su rechazo a la resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria por la que se otorga la citada autorización a este proyecto que contempla la implantación de aerogeneradores y sus infraestructuras asociadas --pistas de acceso, zanjas de cableado y plataformas-- en el entorno de la sierra, afectando a montes de utilidad pública (MUP) y terrenos de propiedad vecinal, entre ellos el MUP 'Castrillo, Dehesa y Peñota'.
Según el concejo, pese a haber presentado alegaciones en ambas fases de información pública y haber denunciado reiteradamente la ocupación de estos terrenos, la Administración ha decidido continuar con la tramitación "ignorando la voz de los legítimos propietarios".
En este sentido, han denunciado que la resolución concede la autorización "sin haber resuelto previamente la necesaria concesión administrativa para el uso privativo del dominio público forestal", tal y como exige la Dirección General de Montes y Biodiversidad, y sin contar con el acuerdo favorable de las entidades propietarias de los montes afectados.
A juicio del concejo, esta autorización "no cumple con la legalidad vigente" en materia de montes de utilidad pública ni respeta el carácter comunal de estos espacios, que forman parte del patrimonio histórico y económico vecinal.
Considera que poner estos montes al servicio de un proyecto industrial supone una vulneración del régimen jurídico de los montes públicos y del modelo de propiedad vecinal. "Una vez más, las administraciones priorizan los intereses del capital privado frente al derecho de los vecinos sobre sus propios montes", señalan.
El concejo lamenta que, pese a las alegaciones presentadas por particulares, asociaciones y entidades locales, la Administración continúe adelante con un proyecto que, según señalan, tendrá un "elevado impacto" sobre el territorio, los bosques, la biodiversidad y las actividades tradicionales como la ganadería y la agricultura extensiva.
Desde el Concejo Abierto de Sotillo-San Vitores anuncian que seguirán defendiendo sus derechos como propietarios y que acudirán a todas las vías administrativas y judiciales para exigir el cumplimiento de la ley y la protección de los montes de utilidad pública.
"No aceptamos que nuestros bosques y montes sean convertidos en un mero instrumento al servicio de intereses ajenos al territorio", concluyen.
