Podemos Cantabria ha solicitado formalmente al Gobierno regional el acceso al expediente administrativo y la "respuesta motivada" a las alegaciones presentadas por este partido al anteproyecto de la carretera Requejada-Suances, tras conocer el anuncio de la próxima licitación de la infraestructura, trámite que ha pedido suspender hasta obtener dicha información.
El proyecto se licitará en los próximos días por 198 millones de euros con el objetivo de que las obras, que se ejecutarán mediante la fórmula de pago por disponibilidad, comiencen a principios de 2027, según anunció la presidenta del Ejecutivo, María José Sáenz de Buruaga, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, celebrado este jueves y viernes.
Podemos presentó un "extenso" escrito de alegaciones el pasado diciembre, registrado ante la Dirección General de Obras Públicas, en el que cuestionaba tanto el modelo de financiación mediante pago por disponibilidad como diversos aspectos ambientales y territoriales del proyecto.
Sin embargo, asegura en un comunicado, no ha "recibido hasta la fecha ninguna contestación expresa" a dichas alegaciones, pese a que el Ejecutivo autonómico ha manifestado que las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública fueron analizadas.
"Si las alegaciones han sido estudiadas, lo mínimo exigible es que quienes las presentaron conozcan cómo se han resuelto y cuáles son los argumentos técnicos y jurídicos de la Administración, ya no por transparencia e higiene democrática, sino por un mínimo de educación", ha señalado Pablo Gómez, consejero ciudadano de Podemos Cantabria.
La formación ha solicitado copia íntegra del expediente administrativo, del informe de valoración de las alegaciones y de la resolución de aprobación del anteproyecto, con el fin de "comprobar cómo fueron analizadas" sus propuestas y valorar "las actuaciones que procedan".
"Presentamos alegaciones fundamentadas en las que cuestionábamos la legalidad y la viabilidad del proyecto. Ahora exigimos conocer la respuesta técnica y jurídica del Gobierno a esos argumentos", explican.
