La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto a los dos trabajadores del Ayuntamiento de Santillana del Mar acusados de cobrar y quedarse dinero del aparcamiento municipal en verano de 2016 y que este viernes, tras el juicio celebrado a lo largo de la semana, han sido declarados "no culpables" por los nueve miembros del jurado.
Así, el presidente del tribunal -que a su vez preside la Sección Tercera de la AP que ha visto esta causa- va a dictar una sentencia absolutoria para ambos, que avanzado 'in voce' el propio magistrado después de oír el veredicto, cuyo objeto ha estado integrado por 16 puntos y resueltos, todos ellos, por unanimidad de los jurados.
Ambos procesados se enfrentaban a nueve meses de prisión que solicitaba para cada uno de ellos la fiscal y el Consistorio -que ha ejercido la acusación particular y que en la fase de conclusiones rebajó la pena interesada al adherirse a la del ministerio público-.
Y los otros cuatro enjuiciados que sí reconocieron los hechos denunciados aceptaron, en el arranque del plenario, condenadas de hasta seis meses de prisión, tras el pacto entre las partes y al bajarse las reclamadas inicialmente -por delitos continuados de malversación de caudales públicos- al aplicarse las atenuantes de confesión, reparación del daño -devolvieron los talonarios sustraídos y el dinero- y dilaciones indebidas, en una causa iniciada en 2017.
De los dos que no han admitido la imputación el jurado ha concluido que no son culpables de haberse "quedado con una suma de dinero inferior a 4.000 euros al haberse apoderado de -o recibido de otros- talonarios de tickets del parking sin haber dado cuenta a la administración local y haberlos vendido en todo o en parte".
Los miembros del tribunal han justificado esta conclusión en los testimonios y pruebas practicadas, aunque han matizado que uno de ellos -fontanero de profesión y presidente del comité de empresa en la actualidad- cogió talonarios "sin avisar", y "prestó" parte de los mismos al otro implicado, aunque no ha quedado demostrado "en ningún momento" la "intención" de quedarse el dinero "en beneficio propio".
HECHOS PROBADOS
Los jurados -a los que el magistrado presidente ha agradecido el "impresionante" y "modélico" seguimiento de las sesiones así como una participación "digna de encomio"- han considerado probado que los dos acusados trabajaban contratados por el Ayuntamiento de Santillana como personal laboral fijo para la realización de diferentes oficios.
Y, también, que en los meses de verano se les encomendaba junto a otros empleados -trece en total- controlar el acceso de los vehículos a los aparcamientos municipales, cobrar la tasa de estacionamiento a los usuarios y, después, ingresar en las cuentas bancarias del Consistorio el dinero recaudado por tales cobros, aunque -como han especificado- no había "días concretos" para hacer los ingresos ni entregar los correspondientes justificantes.
Para ello, recogían en una dependencia del Ayuntamiento talonarios numerados, firmando la recepción y entrega de los mismos, con la obligación de devolver aquellos que no fueran utilizados y entregar también las matrices de los usados, junto con el justificante de ingreso de los cobros en las cuentas de las entidades financieras con las que trabaja la administración municipal, de nuevo sin que hubiera "días fijados" para hacerlo.
Asimismo, todos los jurados han considerado probado que en verano de 2016 el Ayuntamiento disponía de 1.100 talonarios -numerados del 330.001 al 439.901-, componiéndose cada uno de ellos de cien ticktes por valor de dos euros. Y que el 28 de agosto se detectó la falta de 80 talonarios, el 14 de septiembre de 20 más, y el día 19 de ese mes otros 40; es decir, 140 en total, con tickets que sumaban 28.000 euros.
En cambio, aunque han entendido como acreditado que uno de estos acusados -el sindicalista- se apoderó de un número "indeterminado" de talonarios "sin dar cuenta" al Consistorio, han precisado que solo vendió "algunos" -no todos- y que si bien se guardó la recaudación fue hasta ingresarlo en el banco, pero no ha quedado demostrado que quisiera apropiarse del dinero.
Y en relación con lo anterior, los jurados han coincidido en que el segundo procesado recibió "de otra persona" -el anterior implicado- también un número indeterminado de talonarios, "sin conocer su procedencia", y que aunque vendió "todos o algunos" de los tickets y se quedó los importes cobrados, luego "devolvió la recaudación" a su compañero y, por tanto, tampoco hubo "ninguna intención de quedarse" el montante.
Con todo lo anterior, en el veredicto han estado de acuerdo en que el octubre de ese año estos dos acusados y los demás entregaron de forma conjunta al Ayuntamiento la suma de 8.000 euros -de talonarios que no aparecieron, y a razón de más de 1.300 euros por persona-, pero dejando claro eso sí que estaban "no conformes" con ese pago.
ATENUANTES DE CONFESIÓN, REPARACIÓN DEL DAÑO Y DILACIONES INDEBIDAS
Finalmente, en cuanto a los hechos alegados por las partes de cara a modificar la responsabilidad de los enjuiciados en los hechos (atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas), el tribunal ha considerado de nuevo probado por unanimidad que el entonces fontanero colaboró en el esclarecimiento de los hechos entregando siete talonarios sin cobrar y 2.700 euros.
También, que participó -al igual que el otro operario- en la reparación del perjuicio causado al Ayuntamiento abonando conjuntamente -y con otros implicados más- los 8.000 euros citados.
Y que los hechos ocurrieron en 2016, la causa judicial se inició en enero de 2017 y la tramitación acabó en noviembre de 2019, concluyendo todo el proceso con el juicio oral celebrado esta semana y tras el que se dictará sentencia, condenatoria para los cuatro procesados que aceptaron los hechos y en base a las penas pactadas y absolutoria para los dos que los han negado.
