El PRC solicita al Ministerio de Transición Ecológica que "paralice" los expedientes abiertos contra cerca de 60 pequeños propietarios de embarcaciones atracadas en el puerto de la Pozona de Cuchía, en la ría de San Martín de la Arena (Miengo) por ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
Así lo reclaman los regionalistas en una enmienda de modificación que han presentado a una proposición no de ley (PNL) del PP sobre la legalización del área destinada a embarcaciones náutico-deportivas de la Pozona.
En un comunicado, el grupo parlamentario regionalista ha explicado que con esta enmienda pretenden mostrar su "respaldo" y "apoyo" a la Asociación La Pozona, cuyos integrantes han mantenido diversas reuniones con representantes del PRC, que han dado lugar a la presentación de una moción en el Ayuntamiento de Miengo y a esta iniciativa en el Parlamento.
En noviembre de 2018, la Demarcación de Costas notificó a los propietarios de las embarcaciones que estaban en situación ilegal, una medida a la que han presentado alegaciones, ya que llevan utilizando esta área como atraque más de 200 años.
En su propuesta, los regionalistas instan al Ministerio de Transición Ecológica, en concreto a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a que "suspenda" la tramitación de todos los expedientes abiertos por ocupación del dominio público marítimo-terrestre de La Pozona, en Cuchía; y plantean "la negociación" entre las partes implicadas para "regularizar los usos e instalaciones dentro de la forma jurídica y, con las actuaciones que se puedan realizar al amparo del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria".
Igualmente, piden al Gobierno de Cantabria que redacte el proyecto "necesario" para "la legalización" de esta área destinada a embarcaciones náutico-deportivas y a "reconocer" la urgencia o excepcionalidad "por el interés público del proyecto que sea planteado a propuesta del consejero de Obras Públicas y Vivienda.
Por último, plantea "incluir" dicho proyecto dentro de la planificación portuaria de la Consejería, con el objeto de "realizar la tramitación administrativa que fuera necesaria para su ejecución".
