El Partido Popular ha solicitado una pena de 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al alcalde de Ribamontán al Monte, el regionalista Joaquín Arco, como presunto autor de un delito continuado de prevaricación.
Así se desprende del escrito de acusación que los 'populares' presentaron el pasado mes de septiembre ante la Audiencia Provincial de Cantabria, después de que en junio este órgano confirmara la imputación del regidor por supuestos pagos irregulares en 2016 y 2017 y desestimara el recurso presentado por Arco al considerar "evidente" que existen indicios suficientes para proseguir el procedimiento contra él.
Aunque se venían cifrando en torno a los 20.000 euros esos supuestos pagos irregulares, el PP asegura que ascienden a más de 140.000 euros. Así, espera que "en breve" la Fiscalía presente también su escrito de acusación contra el alcalde.
Inicialmente había otros cinco concejales implicados en esta causa --abierta a raíz de una denuncia del PP--, pero se archivó su imputación por un error en el procedimiento ya que sus declaraciones tuvieron lugar una vez concluido el plazo de instrucción previsto en la ley. No obstante, los 'populares' insisten en que la participación de los ediles "fue esencial para permitir las acciones del alcalde".
En concreto, en el escrito de acusación del PP, al que ha tenido acceso Europa Press, se le atribuyen hechos como el pago de una nómina a una coordinadora sin trabajo efectivo; la contratación irregular de un aparejador, desoyendo los reparos del interventor y prorrogando contratos sin justificación; contrataciones directas para servicios informáticos sin seguir el procedimiento legal; nombramientos incompatibles en la tesorería e intervención municipal, violando las normativas básicas; o pagos indebidos relacionados con una devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a un contratista, sin realizar los procedimientos previos necesarios.
La denuncia fue presentada en 2018 por el PP al apreciar que en 2016 y 2017 se efectuaron esos pagos en contra de los informes de Intervención y a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria-interventora municipal.
En concreto, se hace referencia al pago de casi 4.000 euros en concepto de honorarios a abogados para la defensa del alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal; 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación ya había sido realizada por la jurídico municipal; o la devolución a un contratista del ICIO por importe de más de 77.272 euros, entre otros asuntos.
Además, hay reparos de la interventora en relación al cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y de la contratación del aparejador municipal y del servicio informático sin seguir el procedimiento.
RECURSO
En su recurso, el regidor reconoció que, si bien "ha podido equivocarse" en la toma de sus decisiones, "en ningún caso lo ha hecho a sabiendas de que estaba actuando injusta y arbitrariamente, sino desde el convencimiento de que procedía correctamente, sin que la Secretaria del Ayuntamiento formulara reparo alguno durante un año y medio, y que en los expedientes en cuestión se recabaron informes jurídicos".
Asimismo, Arco justificó que la secretaria, sobre la que descargó la responsabilidad, "tiene afinidad con la oposición" y que el equipo de Gobierno estaba "llevando a cabo cambios que no están gustando a la secretaria" porque "tenía una relación sentimental con un informático al que habían echado".
Sin embargo, la Audiencia desestimó el recurso señalando en su auto que "es evidente que existen indicios suficientes para proseguir el procedimiento contra Joaquín Arco, pues sabía y conocía perfectamente lo que estaba decidiendo y haciendo".
