Gobierno y Villaescusa estudian actualizar el convenio de uso de la finca de Rosequillo

11.00 horas. Despacho de la consejera
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, se reúne con el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández.
photo_camera 11.00 horas. Despacho de la consejera La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, se reúne con el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández.

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Villaescusa van a estudiar la actualización del convenio de uso de la finca de Rosequillo sede del Instituto Cántabro de Administración Pública Rafael de la Sierra (ICAP), antiguo Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC).

El mantenimiento y gestión de dicha finca se ha abordado en un encuentro entre la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández, que ha centrado sus necesidades en el mantenimiento del jardín botánico que rodea la sede del ICAP, de 5 hectáreas con árboles centenarios, así como la situación del edificio destinado a bar restaurante que actualmente está cerrado.

La consejera, a quien acompañaba el director del ICAP, Manuel Fresno, ha indicado que su departamento estudiará las propuestas del equipo de gobierno del municipio, que ha señalado la necesidad de que Presidencia saque a licitación este servicio de bar restaurante y se encargue, asimismo, del mantenimiento del arbolado del parque y de sus zonas verdes, o bien se modifique el convenio que en 1987 firmaron las dos entidades para el uso de esta emblemática finca.

En otro orden de cosas, Urrutia ha confirmado al alcalde que el Gobierno mantiene su compromiso para ejecutar las obras de reforma de la plaza del barrio de Lusa, en Obregón, con un presupuesto de 20.000 euros.

Por último, el alcalde de Villaescusa ha solicitado a la consejera que en los próximos presupuestos el Ejecutivo regional incluya una partida destinada a cofinanciar la compra de vehículos de uso municipal.

Ha explicado que este problema lo tienen muchos pequeños ayuntamientos de la región, con una flota de vehículos, obsoleta, de más de 10 años de antigüedad y que su renovación supone un desembolso grande para sus presupuestos, ha informado el Gobierno en un comunicado.