El Gobierno de Cantabria ha animado a los 17 propietarios afectados por los derribos de Cerrias (Piélagos) a que firmen un convenio para recibir indemnizaciones antes de la "inminente" demolición de sus viviendas, que están afectadas por Costas y "resulta imposible" legalizarlas.
Así lo ha señalado el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, este miércoles en declaraciones a prensa previas a la reunión que ha mantenido con los afectados de Cerrias I y II, de los que cinco o seis ya han firmado dichos convenios y hay "varios más" pendientes de ello.
"Dinero tenemos para poder sufragarlo, tenemos ya en el fondo de derribos lo suficiente para ello", ha indicado Gochicoa, que ha reconocido que esta situación es "dolorosa para muchos" de los propietarios, que "todavía pensarán en mantener esas viviendas pero lo cierto es que nosotros no podemos hacer otra cosa que intentar que puedan recibir una compensación adecuada lo antes posible".
El consejero ha explicado que estas viviendas unifamiliares se encuentran en zona de servidumbre de protección de Costas y no tienen "posibilidad alguna de legalización" en el Plan de Urbanismo que se encuentra en tramitación, por lo que ha animado a los afectados que no han firmado todavía el convenio a que lo hagan porque el derribo es ya "bastante inminente".
Respecto a la demolición, Gochicoa ha apuntado que es el Ayuntamiento de Piélagos el que tiene que efectuarla, que "tiene contratada ya una empresa constructora para al menos parte de esas viviendas", por lo que "se podría comenzar este año".
"Lo que corresponde es activar los convenios porque nuestro objetivo, en este caso concreto, es que no pueda derribarse una vivienda sin que previamente el propietario haya tenido la indemnización correspondiente", ha subrayado.
Así, a través de estos convenios se puede efectuar la valoración con anticipación con un perito --un tasador establecido de "común acuerdo" mediante un sistema de sorteo de varios que se proponen por ambas partes-- y que así los afectados puedan recibir la cantidad correspondiente antes del derribo.
Según el consejero, dentro de los convenios se establece la cantidad mayor que resulte del valor actual de la vivienda efectuada por un tasador o aquella en la que adquirieron la vivienda, incluso actualizada por el IPC a día de hoy. "En ningún caso va a ser para perder dinero por parte de las personas que invirtieron en su día para comprar esa vivienda", ha asegurado.
Por el contrario, Gochicoa ha apuntado que si se espera a los procedimientos ordinarios esas viviendas se tienen que derribar y al cabo de varios meses recibir el dinero.
"El peligro que corren es que si el juzgado sigue con la intención de derribar esas viviendas evidentemente tendrían que esperar meses después del derribo para poder cobrar la indemnización que corresponda y, además, a través de un procedimiento que ya no depende de un tasador sino de un funcionario que realice esa tasación", ha advertido Gochicoa, para quien esta situación no es "tan ventajosa" como la de los convenios.
"NOTICIAS ESPERANZADORAS" PARA ARGOÑOS
A preguntas de la prensa sobre la decisión de AMA de romper en febrero las relaciones con el Gobierno regional y los ayuntamientos si no se producen avances en las soluciones a los afectados por los derribos, Gochicoa ha indicado que tiene previsto reunirse con la asociación el próximo lunes 31 en la Consejería.
Según el consejero, desde AMA están "preocupados" por la revisión de los planes generales de Urbanismo, por lo que se les informará de la situación de cada uno de ellos.
"Todos sabemos que cuesta mucho, que efectivamente hay muchos informes sectoriales, que tardan en llegar alguno otros informes, que tienen que pasar luego por la CROTU, pero yo creo que en el caso concreto en el cuál están ahora mismo más pendientes, que es Argoños y el que está más próximo, yo creo que podemos darles noticias espero que esperanzadoras", ha avanzado.
