El fiscal de la causa por la ocupación ilegal de una vivienda de protección oficial (VPO) de Orejo, en Marina de Cudeyo, ha solicitado multa para una de las 'okupas', la única que ha comparecido este miércoles en el juicio.
Además del pago de 270 euros, a razón de 3 euros diarios durante tres meses, el representante del ministerio público ha solicitado el desalojo del piso, en el plazo máximo de 15 días.
El Gobierno de Cantabria, propietario de la vivienda destinada a alquiler asequible, se ha adherido a la petición de la Fiscalía y ha interesado igualmente que se vaya esta 'okupa' del inmueble y se fije el lanzamiento, para ella o cualquier otro ocupante ilegal, "lo antes posible", han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
Al juicio, celebrado esta mañana y que ha quedado visto para sentencia, solo se ha presentado una mujer de los tres ocupantes de esta VPO --a priori una pareja de jóvenes y una niña-- y ha acudido además a la vista sin abogado. Por eso, el juez ha interesado que se designara uno de oficio, para no tener que suspender la sesión.
Durante su declaración, la chica ha reconocido la 'okupación' y ha alegado que tanto ella como el resto de ocupantes pagaron a un marroquí para entrar en el piso.
Se trata de uno de los tres habilitados en bajos destinados a locales comerciales que llevaban años cerrados en la urbanización de 51 VPO promovida por la empresa Gesvican, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, y que sorteó hace dos semanas estas tres viviendas, incluida la 'okupada', entre el centenar de personas interesadas.
Tras la ocupación ilegal del piso --cuyas obras finalizaron en julio de 2025-- se instalaron alarmas con garantía antiokupacion y cámaras interiores en los otros. El objetivo de estas medidas de seguridad es avisar a la Policía de inmediato si hay un intento de 'okupacion' y evitar así nuevos casos.
