Unos 50 empleados públicos temporales de Cantabria se han concentrado este jueves ante la Delegación del Gobierno para denunciar "abuso de temporalidad" y exigir al Gobierno de España "consolidar" sus puestos.
En concreto, exigen al Ejecutivo central que "cumpla" las normativas europeas, modifique el Estatuto Básico de Empleado Público (EBEP) y establezca un proceso directo para hacer fijos a todos aquellos que están en "fraude de ley", que afecta a unos 8.000 o 10.000 trabajadores en la región (el 28 por ciento de los empleados públicos).
Esta protesta, convocada a nivel nacional frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en 40 ciudades, ha sido secundada en Cantabria por los sindicatos USO, Trabajadores Unidos (TÚ) y Acción Sindical Independiente de Justicia (ASIJ), que han recalcado que estos trabajadores se encuentran en esta situación "desde hace décadas".
Según ha explicado en declaraciones a la prensa la secretaria general de TÚ, Isabel Rodríguez, estos trabajadores "han aprobado las ofertas de empleo año tras año" pero no han tenido la posibilidad de "consolidar" su situación por las "raquíticas" ofertas de empleo que ha ofertado el Estado. "No hablamos de enchufados, hablamos de personal que ha ganado esta situación", ha reiterado.
- Súmate: Si nos sigues en Telegram te llevamos a tu móvil la información más importante de cada día de forma sencilla y gratuita. Puedes hacerlo clicando aquí.
En este sentido, Rodríguez ha apuntado que el proceso "restringido" que defendían en un primer momento para consolidar dichos puestos no puede realizarse porque ya se han convocado las Ofertas de Empleo Público con plazas ocupadas por personal "en fraude de ley".
También ha aclarado que no piden una sanción económica, dado que las indemnizaciones "serían millonarias" y las tendrían que pagar todos los ciudadanos, sino que ese dinero se emplee en las "reales" necesidades que hay en la actualidad "como comer" y que ese personal pueda acceder a una plaza fija. "Sanción, la fijeza", ha subrayado.
"Sanciones ejemplares a España por haber incumplido las directrices europeas desde el año 99", ha sentenciado Rodríguez, asegurando que la tasa de temporalidad "lejos de haberse recortado, ha incrementado".
Además de que la Administración cumpla con la normativa vigente, los sindicatos también han exigido que realice inspecciones y controle la legalidad de sus propias contrataciones temporales como sucede con la empresa privada.
"Si nosotros acudimos a las empresas privadas cuando un trabajador ha excedido el tiempo de contratos temporales vemos que la propia Administración le sanciona si no convierte en fijos esos contratos", ha sentenciado Rodríguez.
