La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, ha pedido al Gobierno que los fondos recaudados a través de lacasilla con fines sociales del Impuesto de Sociedades, la conocida como 'X solidaria de las empresas', durante el año 2019 (año fiscal 2018), se destinen a organizaciones sociales de ámbito estatal para programas que frenen el impacto del COVID-19 en los grupos más vulnerables.
Esta es una de las medidas que la Plataforma ha trasladado al secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y sus directores generales, durante una reunión por vía telemática para exponerle "la gravedad de los problemas sociales" que está provocando la crisis del coronavirus e intentar buscar vías para poder afrontarlos.
"Otro punto importante que se ha abordado durante la reunión es la gestión extraordinaria y excepcional de la recaudación conseguida a través de la casilla con fines sociales del Impuesto de Sociedades durante el año 2019 (año fiscal 2018) para abordar la crisis de la pandemia. El objetivo único sería dotar de recursos a las organizaciones sociales de ámbito estatal para destinarlo a programas y acciones de reducción del impacto del Covid-19 en los grupos sociales más vulnerables", precisa la Plataforma en un comunicado.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha explicado que "para ejecutar esto no se esperaría a la aprobación del Real Decreto que regula la medida, que lleva pendiente meses, sino que se aprobaría una norma también excepcional en el marco delestado de alarma".
Durante la reunión, la Plataforma ha presentado una panorámica real del impacto social que está teniendo la pandemia en las personas vulnerables, "haciendo especial hincapié en los colectivos de personas mayores, sin hogar, personas con discapacidad, aquellas que viven en situación de exclusión social y el pueblo gitano, que son los grupos que están sufriendo en mayor medida la dureza de las consecuencias", según ha explicado Luciano Poyato.
Además, ha enfatizado la necesidad de crear un Grupo Operativo entre la propia Plataforma y el Gobierno "con el objetivo de tener una interlocución real, efectiva y productiva para poder gestionar, desde el punto de vista social, la pandemia, atendiendo a las necesidades de las propias entidades, sus trabajadores y voluntarios, pero también teniendo en cuenta la nueva realidad y la cronicidad de las situaciones de vulnerabilidad".
El Tercer Sector también ha pedido al Ejecutivo "compromiso de diálogo y escucha activa" antes de adoptar medidas sociales de relevancia, incluidas en el denominado 'escudo social', "priorizando sobre todo la regulación del ingreso mínimo vital o la paralización de las cuotas de los arrendamientos de viviendas para sectores vulnerables".
Además, la Plataforma también ha puesto sobre la mesa una serie de medidas relacionadas con la sostenibilidad y la financiación del propio Tercer Sector. En concreto ha pedido al Estado "que promueva un acuerdo con las Comunidades Autónomas para que no realicen ninguna reducción de la financiación a las ONG como consecuencia del coronavirus".
En este sentido, ha incidido en "la necesidad de aprobar fondos extraordinarios para fines sociales, por parte del Estado a las CC.AA., para hacer frente a los efectos de la crisis en los grupos más vulnerables, que seguirían a los 300 millones ya acordados y repartidos territorialmente".
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA VOLUNTARIOS Y TRABAJADORES DE ONG
Asimismo, desde el Tercer Sector han insistido a Álvarez en aprobar "con inmediatez" la declaración de las entidades sociales como servicio esencial en la gestión de la crisis" para poder dotar a todos los voluntarios y trabajadores de los equipos de protección personal (EPI), de pruebas diagnósticas masivas y rápidas y de las garantías necesarias para que puedan moverse y seguir atendiendo las necesidades de los diferentes colectivos".
Por último, la Plataforma ha propuesto la creación de un teléfono de emergencia social universal y accesible que pueda proporcionar información a todo aquel que lo necesite y la aprobación de una nueva definición legal global del concepto de vulnerabilidad social, ya que actualmente existe una 'ad hoc' para cada situación particular (pobreza energética, desahucios, etc), que consideran que no tiene "una visión coherente y transversal".
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