Ciudadanos presentará mociones en ayuntamientos de toda España este martes para reclamar al Gobierno la flexibilización de la regla de gasto, con el fin de que los gobiernos locales puedan hacer frente a la crisis económica y social provocada por el coronavirus, y que se les permita administrar el superávit que han acumulado.
A través de esta moción, que los grupos municipales de Cs registrarán este martes, se insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social.
Además, se pide al Gobierno que se comprometa por escrito a no intervenir los ahorros de los ayuntamientos y a dejar que sean ellos mismos los que administren el superávit acumulado "para ayudar a la economía local, tanto de las familias como de las empresas", según ha explicado la formación naranja en un comunicado.
Una vez se haya votado la moción, los grupos municipales de Ciudadanos trasladarán el resultado mediante los medios de información pública municipal y detallarán los acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado.
En virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, los ayuntamientos tienen restringido el uso del superávit presupuestario. La regla de gasto, que busca la sostenibilidad de las cuentas públicas, establece que la variación del gasto computable de las Administraciones Públicas no puede aumentar por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española.
Sin embargo, ante la crisis del coronavirus, el Consejo de Ministros aprobó el 17 de marzo un decreto ley que contemplaba que las entidades locales pudieran destinar hasta 300 millones de euros del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social. También ampliaba el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles, que incluye ayudas para familias, autónomos y empresas.
Posteriormente, el Gobierno determinó que el importe máximo que cada ayuntamiento podría destinar a esas políticas sería el 20% de su superávit una vez atendidos los pagos a proveedores y la amortización de la deuda.
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