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Podemos denuncia que el contrato entre Cantur y Adif "no ampara" el teleférico del Pas ni la carretera en La Engaña

Podemos Cantabria ha denunciado que el contrato firmado entre Cantur y Adif "no ampara" el proyecto del teleférico del Mirador del Pas ni la carretera que el Gobierno (PP) está ejecutando en La Engaña, ya que los terrenos arrendados "tienen como finalidad actuaciones de recuperación paisajística, ambiental y económica del entorno del túnel, sin contemplar en ningún caso la implantación de grandes infraestructuras como el teleférico".

Así lo ha afirmado en un comunicado la formación morada, en el que ha asegurado que ha tenido acceso a dicho documento rubricado en abril de 2023, por el que se ceden los terrenos para la transformación del entorno de La Engaña.

Ha detallado que recoge la creación de una senda peatonal y ciclable, "muy alejada de la realidad de la carretera asfaltada para vehículos que se está construyendo actualmente", y que establece que "no se podrá realizar ningún tipo de obra sin el consentimiento expreso y por escrito de Adif, limitando así cualquier actuación fuera de las previstas".

Por ello, la formación morada considera "especialmente relevante" que el contrato "delimita claramente los usos permitidos" y advierte de que su incumplimiento, como la realización de obras no autorizadas o el cambio de uso de los terrenos, "puede suponer la resolución del mismo".

Por otra parte, ha revelado que el contrato tiene una duración de 30 años, mientras que la concesión prevista para el teleférico alcanza los 40. Una discrepancia que "pone en duda la viabilidad jurídica del proyecto desde su propia base contractual", ha sostenido.

Al respecto, ha explicado que todas las infraestructuras que se construyan en estos terrenos "pasarán a manos de Adif en el año 2053, momento en el que la empresa concesionaria aun tendría entre 14 y 15 años de concesión por delante".

Para el responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, se está "ante un proyecto que genera más dudas que certezas, y que podría acabar siendo un problema jurídico y económico para Cantabria".

Ha informado de que desde la formación se ha puesto en conocimiento de Adif estos hechos, "sin que hasta el momento se haya recibido respuesta por parte del organismo".