El juicio al exalcalde de Noja Jesús Díaz (PP) por el caso 'Nocanor', previsto para este jueves y viernes, se ha suspendido y se señalado de nuevo para la primera semana del próximo mes de mayo, en concreto del lunes día 3 al miércoles 5.
El aplazamiento, acordado por la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria que enjuiciará los hechos, deriva de la "profusa" e "importante" documentación aportada por algunas partes al inicio de la vista, para dar traslado de la misma a las demás y que puedan estudiarla "con facilidad".
El objetivo es que todas cuenten con las "mismas armas" cuando se celebre el plenario, dentro de poco más de un mes, según ha explicado el presidente del tribunal, Agustín Alonso Roca, que ha aprovechado la modificación para incluir una tercera jornada.
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Así, la idea es que el primer día declararen los acusados -Jesús Díaz y el secretario del Ayuntamiento cuando sucedieron los hechos-; el segundo los testigos; y el tercero los peritos.
Además, en el trámite de cuestiones previas, los magistrados han decidido que el Consistorio --que solicitaba siete años de inhabilitación para ambos procesados por presunta prevaricación administrativa-- siga personado en el juicio, pero como responsable civil subsidiario, no como acusación particular.
El fiscal achaca al que fuera alcalde de Noja durante 27 años (1988-2015) un supuesto retraso deliberado en la concesión de licencias para la construcción de 184 viviendas en la finca Socaire a Promociones Nocanor, con la finalidad de "perjudicar económicamente" a la constructora -la empresa familiar del actual alcalde, el regionalista Miguel Ángel Ruiz Lavín-.
El ministerio público le imputa un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios y pide un año de prisión, doce de inhabilitación para cargo público y multa de 6.750 euros al exdirigente 'popular', retirado de la política.
Por su parte, considera que el secretario municipal es responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que le reclama diez años de inhabilitación para el ejercicio o cargo o empleo público. En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía entiende que ambos deben indemnizar de forma solidaria en la cantidad que se determine por los perjuicios causados a la promotora.
La acusación particular, ejercida por Nocanor Promociones, añade a los delitos de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas los de tráfico de influencias y cohecho, interesando en total seis años de prisión, 26 años de inhabilitación para cargo público y una indemnización de casi 13 millones de euros al alcalde. Y para el secretario, diez años de inhabilitación.
PRUEBA DOCUMENTAL
El abogado de la empresa ha presentado al inicio del plenario, y una vez resueltas las cuestiones previas planteadas, más prueba documental -expedientes administrativos, informes, recibos bancarios, planos, fotografías, etc- que se suma a la aportada recientemente a través del portal 'Vereda' -sede judicial electrónica de Cantabria-.
Además, este letrado ha propuesto una nueva testifical, que han calificado igualmente de "sorpresiva" e incluso "capciosa" las defensas, que también han reclamado un estudio detallado de toda la documentación propuesta y admitida por la sala.
Ante esto, el tribunal ha considerado que las demás partes tienen derecho a "estudiarla, verla y conocerla", por lo que ha decidido suspender el juicio y señalarlo para la primera semana de mayo, una vez consensuadas las nuevas fechas con todos los personados.
"ES IMPOSIBLE ACUSAR Y DEFENDER"
Previamente, en el turno de cuestiones previas y tras la correspondiente deliberación de los magistrados, se ha acordado en relación a la situación procesal del Ayuntamiento -en su doble condición de acusación particular y responsable civil subsidiario- que siga personado pero solo en relación a esta última calidad, no así la primera, como planteó una de las defensas al considerar que no era "admisible" mantener las dos.
"Es imposible acusar y defender", sostuvo uno de los letrados, después de llamar la atención sobre la "paradoja" que se da en el Consistorio nojeño que, al considerar los hechos delictivos, estaría actuando como "abogado" de la constructora, propiedad del actual alcalde del PRC, lo que constituye una situación "un tanto peculiar".
Y además, de consolidarse esta acusación y desembocar en condena, supondría "la quiebra del Ayuntamiento" toda vez que se reclaman 13 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
A petición de las defensas, la sala también se ha pronunciado sobre la declaración prevista del arquitecto municipal, que será oído como perito y testigo en el turno de estos últimos.
Finalmente, sobre la prescripción del supuesto delito de tráfico de influencias imputado al exalcalde del PP (caducaría a los tres años desde la comisión en este caso, a contar desde 2010 -según su abogado- y, por tanto, dos años antes de la presentación y admisión de la querella), el tribunal ha indicado que se pronunciará sobre este extremo en el trámite de sentencia.
CAUSA
Esta causa fue promovida por concejales del PRC contra el exalcalde del PP e inicialmente se abrió por prevaricación, pero se amplió después a malversación y contra las garantías constitucionales. Aunque fue sobreseído, la Audiencia reabrió el caso y se volvió a instruir.
El fiscal acusa al exregidor y el secretario del Ayuntamiento nojeño de dictar y amparar, respectivamente, "a sabiendas de su ilegalidad", diversas resoluciones administrativas que "contradecían frontalmente la legislación vigente, aplicando resoluciones diferentes a casos semejantes a los tramitados", para "retrasar" el complejo residencial proyectado por Nocanor.
A juicio de esta parte, esto fue "consecuencia del interés mostrado" por Díaz en la finca y a que finalmente no se llegó a un acuerdo para su participación en el proyecto empresarial.
"Así, incluso antes de la adquisición del referido inmueble, el acusado advirtió al propietario del mismo de que a la hora de tener en cuenta las diversas ofertas, entre las que había habido ofertas de la empresa de su mujer, debía considerar que 'él era el que concedía las licencias urbanísticas'", señala el escrito de calificación.
Explica la Fiscalía que en el proceso de solicitar la licencia municipal, "los servicios técnicos del Ayuntamiento, a instancia y solicitud del alcalde y a sabiendas de que no era necesario", notifican a la empresa un requerimiento de documentación para tramitar un estudio de detalle que, según la normativa, no era preciso elaborar para este tipo de licencias.
