Salvar Torrelavega llevará al Tribunal Supremo la Zona de Bajas Emisiones
La Plataforma 'Salvar Torrelavega de una ZBE ruinosa' interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada el pasado 4 de febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que desestimó su demanda de nulidad de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio.
El procedimiento seguirá en manos del despacho especializado Dvuelta, que ya representó a la plataforma en la instancia ante el TSJC y que ya logró la anulación judicial de las ordenanzas de movilidad de Madrid y de Gijón.
Salvar Torrelavega lamenta que el TSJC haya optado por confirmar la validez de la ordenanza pese a reconocer en su propio fallo la existencia de "deficiencias en su tramitación".
El recurso de casación ante el Supremo se articulará en torno a tres argumentos jurídicos: defectos graves en el procedimiento de elaboración de la norma, ausencia de memoria económica propia y rigurosa y "falta de motivación" para aplicar restricciones "más severas que las recomendadas" por los técnicos municipales.
Respecto a los defectos en la elaboración, el más relevante que esgrime la plataforma gira en torno a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), un instrumento de garantía exigido por la legislación vigente para asegurar que las normas de nueva creación respetan los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En el caso de la ZBE de Torrelavega, señala que el Ayuntamiento tramitó esta memoria por una vía abreviada "sin acreditar ni justificar debidamente las razones que le habilitaban para ello", un defecto que Dvuelta ya puso de manifiesto en la demanda presentada ante el TSJC, que ya "reconoció en su sentencia esta insuficiencia".
Sin embargo, en lugar de anular la norma por ello, el tribunal optó por calificarlo como un "formalismo estéril", lo que Dvuelta rechaza de plano porque "la MAIN no es un trámite burocrático prescindible".
El segundo argumento se centra en que el Ayuntamiento "no elaboró una memoria económica propia y específica para la ordenanza", pese a que este documento se exige con carácter general para las disposiciones normativas de cierta entidad.
En su lugar, el TSJC aceptó como sustituto válido el denominado Informe DOYMO, un documento técnico que a juicio de la plataforma se elaboró "con una finalidad diferente y en un momento anterior al proceso normativo".
Dvuelta ya impugnó esta sustitución en la instancia y ahora llevará también la cuestión al Tribunal Supremo, pues a su juicio "una regulación que afecta directamente a la movilidad de miles de ciudadanos y a la actividad de numerosas empresas y autónomos de la comarca no puede carecer de una justificación económica elaborada ad hoc".
El tercero de los motivos apunta a que el Ayuntamiento ha aplicado en la ZBE restricciones a la circulación de vehículos "más severas que las que sus propios informes técnicos habían recomendado como adecuadas y proporcionadas, sin ofrecer una justificación que explicara esa divergencia".
En este punto, Salvar Torrelavega y Dvuelta sostendrán ante el TS que la potestad normativa municipal no es ilimitada y que toda restricción de derechos que supere lo recomendado por los propios servicios técnicos de la Administración exige una motivación explícita, razonada y proporcionada.
Salvar Torrelavega confía en que el Tribunal Supremo aprecie en los tres motivos expuestos las cuestiones de interés casacional necesarias para la admisión del recurso. Como señala en un comunicado, su despacho Dvuelta "ya demostró con las ordenanzas de Madrid y Gijón que este tipo de normas municipales presentan vulnerabilidades jurídicas estructurales cuando no se tramitan con el rigor procedimental que exige la ley".
El objetivo último de la asociación es lograr que el Alto Tribunal declare la nulidad de la ordenanza reguladora de la ZBE.