UxS pide al Ayuntamiento que impida la entrada de menores a los toros

El concejal de la coalición Unidas por Santander, Miguel Saro.

Unidas por Santander (UxS) ha pedido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander (PP-Cs) que "aleje" a los niños y menores de edad del acceso a los espectáculos de "tortura taurina" en Santander, especialmente con la cercanía de la feria anunciada para julio con motivo de las fiestas de Santiago.

"El Ayuntamiento tiene obligaciones claras en materia de protección de la infancia", ha señalado en un comunicado el concejal de la coalición, Miguel Saro, que se basa en las "recomendaciones" del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Según ha recordado, la ONU llevó a cabo esta recomendación en 2018, en una revisión del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, con el fin de "prevenir los efectos dañinos de la tauromaquia en los niños".

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Asimismo, Saro se ha hecho eco de diversos estudios que muestran los "perversos efectos sobre la psicología infantil que supone el ver cómo se tortura un animal y se le provoca la muerte en forma de un espectáculo público" y ha pedido que el equipo de Gobierno "desincentive la entrada de menores de edad".

Así, se ha referido a los estudios publicados durante los últimos años que analizan el efecto que se produce en los menores que son testigos de este tipo de espectáculos violentos.

Como 'El procedimiento de la corrida: el punto de vista de un psicólogo de la educación', del doctor Joël Lequesne, que afirmó en 2011 que entre los posibles efectos en los niños están la "perturbación del sentido de los valores", la "habituación a la violencia través de la insensibilización" o la "debilitación del sentido moral" que pueden llevar a la "imitación de comportamientos", ya que aprenden que "el sufrimiento de uno es la condición necesaria para el goce de los demás".

Del mismo modo, Saro ha apuntado que en los últimos años diferentes gobiernos han tomado medidas en un sentido "similar" al indicado por este organismo de Naciones Unidas, como Cataluña, Islas Baleares, o Galicia, con una proposición no de ley aprobada en 2011 por unanimidad, incluido el grupo de gobierno del Partido Popular.