La Federación UGT-Servicios Públicos ha impugnado la licitación y los pliegos del contrato del servicio municipal de la limpieza viaria y la recogida y transporte de residuos urbanos del Ayuntamiento de Santander porque "los costes del personal se han calculado con el antiguo convenio colectivo ya caducado de Ascan-Geaser (2017-2021) y no con el que está en vigor".
Según el recurso interpuesto por UGT ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), el documento de licitación precisa que "el convenio colectivo en vigor es otro distinto, el de la empresa Prezero España, lo que implicaría en caso de salir adelante una infracción legal y una manifiesta insuficiencia en cuanto a los costes de personal si se compara el convenio erróneamente utilizado y el actual".
El sindicato considera que las consecuencias de este cálculo de los costes laborales de acuerdo al antiguo convenio de Ascan-Geaser "son lesivas para los derechos de los trabajadores adscritos a la prestación del servicio, a los cuales UGT legítimamente representa".
UGT ha señalado que tal y como está calculado el coste laboral del personal "generaría un déficit de 6.186.863 euros en los tres primeros años de ejecución si se compara con el convenio colectivo vigente".
Según la estimación del sindicato, "implicaría una insuficiencia presupuestaria de 1.165.776 euros en 2024, de 2.210.696 euros en 2025 y de 2.810.391 euros en 2026".
Para la Federación de UGT-Servicios Públicos la licitación y los pliegos planteados por el Consistorio santanderino "pone en riesgo el adecuado cumplimiento de las obligaciones de la empresa que resulte adjudicataria porque el presupuesto base de licitación y el precio del contrato no se ajustan a la realidad".
Por ello, el sindicato ha pedido la suspensión cautelar del proceso de licitación exclusivamente en las cláusulas sobre el coste del personal "para evitar un claro perjuicio a todas las personas trabajadoras afectadas", aunque su impugnación afecta a la licitación del contrato en su conjunto.
UGT ha explicado que "al tenerse que aumentar forzosamente los costes del personal para ajustarlos al convenio colectivo vigente, se altera de por sí el presupuesto base de licitación y el precio del contrato porque se trata de la mayor partida económica de los costes".
De esta forma, ha solicitado que se anule tanto el anuncio de licitación como los pliegos del contrato, y se ordene la retroaccióndel procedimiento con objeto de que se lleve a cabo un nuevocálculo y desglose del presupuesto base de licitación y del precio"que sea adecuado".
