Santander Saludable registra un contencioso contra la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones
La Asamblea Ciudadana Santander Saludable ha registrado un recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada por el Ayuntamiento, al considerar que no cumple adecuadamente con su objetivo principal de proteger la salud pública ni responde a criterios suficientes de transparencia, eficacia y base técnica.
En un comunicado este viernes, la Asamblea ha denunciado que, a día de hoy, el Ayuntamiento continúa sin hacer públicos los datos de tráfico, contaminación y ruido recogidos por las diez estaciones de medición y cerca de cuarenta sonómetros instalados en la ciudad, "esenciales", a su juicio, para conocer la situación real de la calidad del aire y del impacto acústico la ciudad, así como para diseñar políticas públicas "eficaces".
La Asamblea considera especialmente preocupante que la ZBE se haya delimitado en una zona parcialmente peatonalizada, El Ensanche, con escaso tráfico, "dejando fuera las áreas más contaminadas de la ciudad".
Según el colectivo, Santander sufre niveles "elevados y sostenidos de contaminación" asociados principalmente al incremento continuo del tráfico rodado, que alcanzó en el 2024 más de 144.000 vehículos diarios en los tres principales accesos a la ciudad, lo que supone un aumento del 20% respecto a los dos años anteriores.
Asimismo, afirma que la odenanza no contempla la protección de zonas "de especial sensibilidad", como el entorno del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, centros de salud como Isabel II, ni tampoco los entornos educativos, teniendo en cuenta que, según el último informe de Ecologistas en Acción, el 75% de los centros escolares de Santander superan los valores recomendados de dióxido de nitrógeno (NO2) establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Además, apunta que la evidencia científica "ha demostrado de forma consistente la relación entre contaminación atmosférica y salud".
Estas carencias contrastan con las declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual, señalando que Santander "no es una ciudad contaminada" y que la implantación de la ZBE responde fundamentalmente a una obligación legal derivada de la normativa estatal, con el objetivo de no perder financiación asociada.
La Asamblea considera que estas afirmaciones "evidencian una preocupante falta de reconocimiento del problema real de contaminación que afecta a la ciudad" porque, asegura, "Santander presenta un problema grave de contaminación estructural que está siendo agravado por la inacción municipal".
"La ausencia de medidas eficaces, unida a la falta de publicación de datos clave pese a las reiteradas solicitudes realizadas" plantea al colectivo "serias dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones legales del Ayuntamiento en materia de información ambiental y acción pública, pudiendo dar lugar a la exigencia de responsabilidades si se confirmase dicho incumplimiento".
Por todo ello, la Asamblea Ciudadana Santander Saludable ha exigido al Ayuntamiento la publicación inmediata de todos los datos disponibles, la revisión completa de la Zona de Bajas Emisiones "con base en criterios científicos y sanitarios", y la puesta en marcha de medidas "efectivas que garanticen la protección de la salud pública y del medio ambiente".