Los portavoces de los grupos PSOE y UxS en el Ayuntamiento Santander, Daniel Fernández y Miguel Saro, han registrado hoy una moción sobre las reglas de la comisión de investigación del contrato de basuras, que recogen que sea pública, retransmitida en directo, participativa para los ciudadanos y "plenamente garantista" para los comparecientes.
La comisión, que según esta propuesta se constituirá en el plazo máximo de un mes desde su aprobación y tendrá carácter de comisión especial no permanente, estará formada por diez concejales, dos por grupo político y con voto ponderado a su representación.
En la moción, que se debatirá en el Pleno de octubre, también se establece que la comisión tendrá una mesa y que los órganos administrativos y funcionarios o técnicos tendrán la obligación de colaborar. Así como que la solicitud de requerir la comparecencia de cualquier persona, entidad pública o privada será aceptada automáticamente, salvo que la mesa la considere improcedente mediante resolución motivada, que deberá ser votada y aprobada por mayoría de los miembros de la comisión.
Una vez constituida, la Comisión establecerá un plan o sesiones de trabajo. Una vez finalizadas elaborará en el plazo de un mes un Dictamen provisional con los hechos, conclusiones y recomendaciones, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), otorgando un plazo de quince días para que los ciudadanos puedan formular alegaciones, que serán debatidas en la última sesión de la Comisión.
El dictamen definitivo se presentará al Pleno para su aprobación y podrá incluir que se dé traslado de las conclusiones al Ministerio Fiscal, para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
VALORACIONES
Fernández ha señalado que la comisión se constituiría para investigar unos hechos "tremendamente graves, que han hecho perder al Ayuntamiento siete millones de euros" en cinco años de los siete que lleva vigente el contrato de limpieza viaria, del que restan tres para su finalización.
El concejal ha explicado que la moción para la comisión impulsada por el PSOE se ha trasladado a los grupos de la oposición municipal, que han tenido diez días para firmarla. En algunos casos no ha sido así pero "todavía hay ocho días hasta el Pleno para poder hacer aportaciones y apoyarla".
En este sentido, Fernández se ha referido al PRC, que se ha mostrado favorable a apoyar la comisión pero que "quería reglas; reglas que tiene la moción que hemos presentado hoy", ha señalado, apuntado que con esta iniciativa se da "repuesta" a la demanda regionalista.
Así, ha recordado que el portavoz de este grupo, José María Fuentes Pila, ha dicho que "está de acuerdo con una comisión de investigación, que entiende es necesario investigar las razones de la pérdida de estos siete millones y de un déficit de los servicios públicos, y que el servicio se prestase de manera eficiente; en eso estamos", ha apuntado.
También ha aludido a Ciudadanos, en el equipo de Gobierno con el PP, con cuya postura y propuestas está "prácticamente de acuerdo" el PSOE. "Cs ha dicho que quiere que sea una comisión de investigación pública, nosotros estamos de acuerdo; quieren que sea democrática, nosotros también estamos de acuerdo; y quieren que emita un dictamen final para que no vuelva a repetirse lo que ha sucedido en Santander y también estamos de acuerdo", ha dicho el socialista.
Igualmente se ha referido a las declaraciones del portavoz de Cs y del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, "que entendía que existían indicios delictivos y por tanto, no queda otra opción que esta comisión sea pública y se retransmita a toda la ciudad", ha enfatizado Fernández.
Además, el socialista ha censurado que la alcaldesa, Gema Igual, y su partido (PP) no quieren que la comisión sea pública. "A nosotros no nos cabe en la cabeza que algo que ya es público, que además se gestiona con dinero público, se quiera despachar de manera cerrada, sin luz ni taquígrafos", ha denunciado.
Por eso se ha preguntado "qué esconde la alcaldesa de Santander; a qué tiene miedo", y le ha recordado que los partidos de la oposición están "para fiscalizar" y que los ciudadanos "quieren saber". Y el sentido de la comisión es esclarecer los hechos, como "por qué el Ayuntamiento no ha fiscalizado un servicio público esencial durante los últimos cinco años", para que algo como lo sucedido "no se vuelva a repetir".
Por su parte, Saro ha explicado que la moción pretende fijar reglas que den "seguridad jurídica" a la comisión y permitan realizar la labor de "transparencia e investigación" que pretenden PSOE y UxS respecto al contrato de basuras, objeto de un "incumplimiento sistemático" desde su origen, ha dicho.
Saro ha vuelto a censurar que el equipo de Gobierno PP-Cs no ha desarrollado las herramientas para dar transparencia y vigilar el contrato "por falta de voluntad política" de estos dos partidos.
En este sentido, ha criticado la "postura tibia de Cs" que "pese a decir que viene a limpiar Santander no ha desarrollado ninguna herramienta para proceder a esa transparencia".
El líder de UxS ha explicado que en la comisión comparecerían tanto funcionarios municipales como responsables de la contrata, extrabajadores y representantes de los trabajadores.
"Una función que debería haberse realizado en otro contexto, si hubiéramos dispuesto de esas herramientas, y que no ha podido ser porque en Santander estamos acostumbrados a la opacidad", ha lamentado.
Por eso Saro espera que "a parte del folclore de decir que están todos de acuerdo con investigar, realmente se pongan a ello y apoyen con su voto las propuestas de la comisión de investigación y de reglamento", ha dicho.
A preguntas de la prensa sobre si la comisión se podría frustrar por un desestimiento del contrato de basuras, Fernández ha subrayado que su grupo no entendería que no se llevase a cabo porque ésta pretende "buscar en el pasado las consecuencias que estamos viviendo en el presente; nada tiene que ver la resolución del contrato con que se investigue lo que ha sucedido con anterioridad", ha señalado.
Por su parte, Saro ha considerado que "lo que importa a los vecinos" no es que se resuelva el contrato sino "saber por qué se han perdido más de siete millones de euros en cinco años de contrato". En su opinión, el Ayuntamiento "solo vigila los intereses de los contratistas" y no de los vecinos.
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